Angelina Martínez fue asesinada el 3 de marzo de 2014 en el barrio Canapote de Cartagena. Tenía 19 años. Era una activista transgénero. En la madrugada de ese lunes, después de salir de una discoteca, un patrullero de la Policía le disparó a Angelina en la cabeza. Meses más tarde, la Fiscalía le imputó cargos al oficial por homicidio agravado y tortura.
Este es solo uno de los casos que recoge el informe de derechos humanos publicado por la organización Colombia Diversa en junio de este año. El estudio revela el número de homicidios desde 2006, las amenazas en contra de esta población, los casos de violencia policial y las dificultades que se han presentado para garantizar la protección de esta comunidad.
Entre 2013 y 2014, Colombia Diversa registró 164 homicidios en el país, de los cuales 51 se reportaron desde Antioquia. En Bogotá, durante este mismo periodo, hubo 18 homicidios. En ese mismo lapso, la organización denunció 222 hechos de violencia policial y 54 amenazas contra la población Lgtb (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales).
Después de analizar los resultados, la entidad concluyó que 14 de los homicidios registrados durante 2013 y 16 de los reportados en 2014 “habrían estado motivados por el prejuicio hacia la orientación sexual, la identidad o expresión de género de las víctimas”. De estos 30 homicidios por prejuicio, la mayoría corresponde a mujeres trans: seis en Antioquia, cinco en Valle del Cauca, tres en Bogotá, dos en Quindío, dos en Sucre y una en Atlántico.
Antioquia ocupa los primeros lugares en los ranquin de violencia contra la comunidad Lgtb. Entre 2006 y 2014, señala la organización, fueron asesinadas por lo menos 247 personas. Entre 2013 y 2014 hubo 51 homicidios. La mayoría de reportes tuvieron origen en Medellín (41) y el Valle de Aburrá (2 en Bello). Los demás tuvieron lugar en Caucasia (4 homicidios consecutivos), Rionegro (2), Chigorodó (1) y Puerto Berrío (1).
Antioquia también encabeza las listas de violencia policial si se analiza el periodo 2006 y 2014. Del total de 398 hechos de violencia policial documentados en ese periodo, 77 tuvieron lugar en Antioquia. Le siguen Valle del Cauca con 59 hechos y Bogotá con 52.
Ni las instituciones del Estado ni los medios de comunicación han asimilado los derechos de la comunidad Lgtb. Así lo cree Viviana Bohórquez, abogada especialista en derechos humanos: “la violencia contra la comunidad trans en Antioquia lleva consigo un mensaje directo: rechazamos a este tipo de personas, son inmorales, anormales. El gobierno local debe esforzarse en la prevención de esta violencia y crear rutas de atención para que esta disminuya. La reducción de la violencia también pasa por la capacitación de los servidores públicos y de las personas que trabajan en los medios. En muchas ocasiones no reconocen la identidad de género de las personas trans o en general de la comunidad Lgtb”.
El panorama no es solamente crítico en Antioquia. Colombia Diversa señala que, de los 164 homicidios entre 2013 y 2014, 10 fueron víctimas afrodescendientes o miembros de alguna comunidad indígena. Además, en el mismo periodo fueron asesinados 10 líderes de derechos humanos que luchaban o que apoyaban las causas de la comunidad Lgtb.
Preocupa impunidad
De los 164 asesinatos registrados entre 2013 y 2014, en 44 hay investigaciones penales abiertas por parte de la Fiscalía. De esos, el 52% estaba en indagación, el 5% fue admitido, el 0,06% estaba inactivo, el 3% en etapa de ejecución de penas por sentencias condenatorias y el 3% en etapa de juicio.
Mauricio Noguera, fiscal asesor en la subdirección de políticas públicas de la Fiscalía, dice que existen tres retos para garantizar que la comunidad Lgtb acceda a la justicia: “es necesario que la justicia penal reconozca la discriminación por identidad de género como un delito; los funcionarios tampoco están capacitados para atender debidamente a la población Lgtb y es necesario mejorar los sistemas de informaciones para diagnosticar los tipos de violencia que afectan a esta comunidad”
Fuente: Elcolombiano.com
