Razones por las que Antioquia debe ser piloto del posconflicto
En el oriente antioqueño la Unidad de Víctimas ha reparado a 22.782 personas. Esa es la zona del país con más afectados por el conflicto.
La región del país con más víctimas del conflicto armado, donde la guerra dejó pueblos casi destruidos y veredas deshabitadas, mutilados por minas, huérfanos, viudas y madres que aún buscan a sus hijos, hoy es referente de construcción de paz.
Se trata del oriente de Antioquia, donde los 23 alcaldes le proponen al Gobierno Nacional que en sus municipios se realice el piloto del posconflicto, una vez se firme la paz con las Farc.
Los mandatarios sustentan que es la zona de Colombia con mayores condiciones: está libre de grupos armados, avanza en desminado humanitario, en retornos, reactivación del campo, en reparación, restitución de tierras y en reconciliación con los victimarios.
Pese a que las Farc estuvieron por más de dos décadas en el oriente, se tomaron veredas y casas para guardar a prisioneros y secuestraron a nueve mandatarios locales, los actuales alcaldes preparan el territorio para recibir a los desmovilizados de esa guerrilla.
Uno de los mandatarios es el alcalde de Granada, Ómar de Jesús Gómez, que replicará el modelo del oriente con la desmovilización de los paramilitares, quienes tuvieron acceso a vivienda, a proyectos productivos, y lo más importante, algunos recibieron el perdón de sus víctimas.
Por ello, se acelera el proceso de desminado humanitario. Allí, el Ejército ha limpiado de artefactos al 70 por ciento de las 52 veredas de ese municipio, lo que favoreció el retorno de 10.000 personas, de 14.000 que fueron desplazadas por subversivos.
“Tenemos muchas iniciativas para trabajar por la paz territorial, necesitamos que el Gobierno ponga los ojos en la región para que sea el laboratorio del posconflicto”, reiteró.
El desminado, que no solo lo adelanta el Ejército sino también la ONG Británica The Halo Trust, avanza en San Francisco, Nariño, Carmen de Vivoral, Sonson, San Rafael, La Unión, Abejorral y Montebello.
Incluso, San Luis y Argelia, junto a otros 18 municipios del país, que están en la lista de los más contaminados, fueron priorizados en La Habana para limpiar de minas las veredas.
A lo que se le suma, que en el oriente está ubicado San Carlos, el primer municipio del país, declarado libre de minas antipersona (2012), lo que ayudó al retorno de 14.000 campesinos, de los 19.000 que expulsaron grupos armados.
Precisamente, la limpieza de los territorios ha ayudado al regreso de 25.000 personas en el oriente, de donde salieron 202.682 labriegos por presiones de subversivos entre los 80 y 2005. Muchos regresaron para quedarse, pese a que encontraron sus ranchos quemados y minados.
María Patricia Giraldo, exalcaldesa de San Carlos y coordinadora de la iniciativa de posconflicto, vivió en carne propia el desplazamiento forzado. Al igual que ella, sus hermanas y padres, otras 60 familias huyeron de la guerra que había llegado a su montaña.
En 2007, una década después, María Patricia retornó a la vereda Santa Rita (San Carlos) y encontró su casa reducida a cenizas, los paramilitares quemaron casi todo. Todavía había munición y hasta camuflados del grupo que comandaban los Castaño. La vereda estaba deshabitada, al igual que muchas otras.
Ese año, cuando todavía existía el frente noveno de las Farc, los campesinos en medio de su dolor empezaron a regresar, y poco a poco, a hacer gestiones ante el Gobierno para reconstruir vías, puentes, escuelas y casas destruidas por la guerra.
La líder contó que la misma comunidad, con apoyo de organizaciones sociales, se unió para empezar el desminado humanitario, reconstruir la memoria histórica y pasar la página de la violencia.
Al igual que San Carlos, el resto de municipios del oriente recuperaron su tranquilidad. La razón radica en que el frente noveno de las Farc desapareció y el 47 quedó debilitado, tras la desmovilización de ‘Karina’ en 2008 y el poco apoyo que recibió de la comunidad.
Igualmente, hace unos años, se extinguió el frente Carlos Alirio Buitrago del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y se desmovilizaron los bloques Héroes de Granada, Metro, Cacique Nutibara y Magdalena Medio de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que también causaron terror en esa zona.
Así lo explicó Jaime Fajardo Landaeta, negociador del proceso de paz entre el Gobierno y el Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1990 y exasesor de paz de Antioquia.
El experto contó que en esa época había masacres masivas, tanto de la guerrilla como de paramilitares, había alianzas de algunos miembros de la Fuerza Pública con grupos ilegales, les tocaba hacer entierros masivos, ver niños en la guerra, asesinar campesinos y secuestrar a alcaldes.
“Mientras fui asesor de paz, llegamos a acuerdos con la guerrilla para que los liberaran, nos mataron la dirigencia social y política, pero la gente se cansó de eso. Dijo no más, y con su propio esfuerzo y apoyo institucional hizo posible que los actores ilegales se abstuvieran de hacer más acciones”, contó Fajardo.
Cuando se dieron los primeros retornos, las víctimas empezaron procesos de reconciliación, y al mismo tiempo, de reconstrucción social, moral y económica.
Pero eso no ha llegado completo a los municipios más lejanos como Argelia y Nariño, que todavía tienen muchas secuelas. Por ello, los alcaldes buscan que el avance integral se extienda en todo el territorio.
Paula Gaviria, directora de la Unidad Nacional de Reparación a Víctimas del Conflicto, apoya esa iniciativa: “Son alcaldes de la paz, que proyectan esa paz no solo en su región sino en todo el país”.
El avance es pese a que todos esos grupos asesinaron a 18.576 personas, desaparecieron a otras 653, torturaron a 327 y amenazaron a más de 4.000, violaron a 620 mujeres y vincularon casi a 100 niños a la guerra, según datos de la Unidad. Además en esa región de bosques y páramos, los grupos sembraron minas que dejaron más de 800 víctimas.
Fuente. El Tiempo
