¿Te has preguntado qué está pasando realmente con los líderes de bandas criminales que ahora podrían caminar por nuestras calles?. Entre la confusión de los titulares y la pasión política, nos sentamos con un experto de la casa para entender si este paso hacia la «Paz Total» es un beneficio legal o un riesgo para nuestra tranquilidad regional.
El ABC de una noticia que sacudió al Valle de Aburrá y al Oriente
Para entender este rompecabezas, el profesor Mario Andrés Vázquez, docente de la Universidad Católica de Oriente, nos explica que esto no es un capricho del Gobierno. Todo surge de la Ley 2272 de 2022, la base legal de la política de Paz Total, que busca que bandas criminales de alto impacto se sometan a la justicia ordinaria.
«No es que el Gobierno Nacional simplemente paró estas órdenes de captura a su arbitrio», aclara el profesor Vázquez. Se trata de una herramienta técnica para que estos voceros puedan movilizarse y sentarse a conversar, principalmente por temas de logística.
¿Criminales libres en nuestras calles?
Una de las mayores preocupaciones es saber si estos cabecillas saldrán de prisión. La respuesta es un no rotundo. El experto detalla que de los 23 implicados, 16 ya están en la cárcel y allí se quedarán, pues solo se suspendieron las órdenes de captura pendientes, no sus medidas de aseguramiento actuales.
Además, esta «libertad» de movimiento tiene límites geográficos muy claros:
- Solo pueden circular en áreas específicas del Valle de Aburrá, Rionegro y Bogotá.
- Si son sorprendidos cometiendo un nuevo delito (flagrancia), pueden ser capturados de inmediato en cualquier lugar.
- Si salen de los territorios autorizados, la fuerza pública tiene la obligación de hacer efectiva su captura.
Rionegro: ¿El epicentro de los diálogos?
El rumor crece en las calles y en las redes: Rionegro podría ser el escenario de estas mesas de conversación. Aunque no hay una confirmación oficial del Gobierno, el profesor Vázquez señala que muchos de estos cabecillas tienen injerencia o incluso residen en el Oriente Antioqueño, lo que convierte a nuestro territorio en un punto estratégico para estos acercamientos.
«La historia se repite; ya vivimos procesos similares en La Ceja con los paramilitares. Lo importante es que esta vez no se convierta en una justicia fracasada«.
La batalla legal que viene
Ante este panorama, la Gobernación de Antioquia y varios alcaldes locales han alzado su voz de protesta, presentando una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado. El argumento es claro: existe un sentimiento de debilitamiento institucional y un mensaje de impunidad hacia las víctimas y la fuerza pública que arriesgó su vida en las capturas.
