Con la firma de un convenio entre la Gobernación y el Sena, acompañados por el Ministerio de Minas y Energía, 524 mineros informales de varias regiones de Antioquia iniciarán procesos de legalización que buscan erradicar el mercurio de esta actividad económica, lo cual será obligatorio desde julio de 2018 (Ley 1658 de 2013).
El monto de los recursos asciende a $1.540 millones, aportados por la Secretaría de Minas ($1.300 millones), el Sena ($150 millones) y el Centro Provincial de Gestión Minero Agroempresarial del Alto Nordeste Antioqueño (CPGMAE) y beneficiará a 2.100 personas, teniendo en cuenta un promedio de cinco personas del núcleo familiar de cada minero beneficiario.
El convenio permitió la firma de 30 subcontratos de formalización minera, que les darán la posibilidad a estos trabajadores de desarrollar sus actividades en áreas propiedad de grandes titulares de minas.
El resultado será la creación de nuevas unidades productivas legales, lo que redunda en beneficio del medio ambiente y en mejores ingresos económicos para las familias.
El cáncer del mercurio
Todo apunta a la erradicación obligada del uso del mercurio en la minería de oro que, a juicio del gobernador, Luis Pérez, “es un asesino dormido que hace estragos y ni siquiera nos damos cuenta”.
Según Onudi (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial), Antioquia es el territorio más contaminado con mercurio en el mundo: “Acá se consumen entre 100 y 120 toneladas de mercurio anualmente”, recalcó el gobernador, quien destacó los beneficios económicos y ambientales de la formalización minera.
El Sena brindará asesoría a través de programas de formación técnica para la buena utilización de las plantas de beneficio sin uso de mercurio, en la búsqueda de una producción aurífera más limpia.
“En Antioquia, el mercurio es usado básicamente en procesos de beneficio informal o ilegal y la idea es que aquellas empresas que explotan legalmente el oro acompañen a los informales en su legalización”, señaló el director del Sena regional, Juan Felipe Rendón, quien aboga por una minería que genere riqueza en los territorios, pero no contamine.
Para 2017 se espera llegar a 400 mineros sensibilizados de 14 unidades de plantas de beneficio. Se actuará en los municipios de Cáceres, Tarazá, Segovia, Remedios, Valparaíso, Girardota, Anorí y Amalfi.
El viceministro de Minas, Carlos Cante, señaló que hay que romper el estigma que tienen Antioquia y Chocó de ser zonas altamente contaminadas por la minería.
“Los subcontratos de formalización permiten avanzar en la coexistencia de la grande, mediana y pequeña minería en un mismo territorio”, subrayó Cante.
Adicional a este convenio, la Continental Gold le entregó al alcalde de Buriticá, Humberto Castaño, $1.070 millones decomisados a mineros ilegales de esta localidad para que allí se adelanten proyectos de índole social en beneficio de la población más humilde.
“Es la forma de revertirle a este municipio el daño causado por ocho años de explotación minera”, apuntó la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, quien lideró el proceso de recuperación de este territorio.
