En Colombia la minería sacó un diez. Desde que la fiebre minera sacudió al país esta actividad se ha levantado como la locomotora de la prosperidad que promete liderar toda la economía nacional. Es por eso que la inversión extranjera se triplicó y las solicitudes mineras que recorren lo largo y ancho del territorio nacional están amontonadas esperando un sí. El Oriente Antioqueño no es ajeno a este fenomeno.
Por: Keren Lineth Flórez
Paradójicamente, las mejoras en orden público hicieron que más de doscientas empresas mineras pusieran los ojos en Colombia, y de esta forma, se abriera paso como destino minero al lado de países como Chile y Perú. En definitiva, las cosas cambiaron, si en el año 2000 las exportaciones mineras constituían el 38% del total del país, en el año 2009 alcanzaron el 51%, además grandes empresas como Anglo Gold Ashanti y la canadiense Barrick Gold incluyeron al país en sus planes mineros.
Este panorama dio pie para que durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez se impulsara una política que pudiera regular la explosión minera del momento. El Ministerio de Minas y Energía le quiso apostar a la minería con desarrollo sostenible y responsabilidad social y ambiental y por eso diseñó un plan que llevó por nombre “Colombia, país minero”.
En 2008 la política salió a flote. El proyecto que era de carácter nacional proponía estrategias como reducir a noventa días los tiempos de respuesta para títulos mineros -entendiendo que los trámites pueden tardar hasta cinco años-, mayor vigilancia ambiental, control de la ilegalidad, mejoras en la percepción de los ciudadanos sobre la actividad a través de los medios de comunicación y un modelo de gestión de distritos mineros, este último comenzó a funcionar a mediados del 2008 con la declaración de 33 distritos mineros en Colombia.
Distrito Oriente en marcha
Para nadie es un secreto que Antioquia promete riqueza súbita gracias al oro, níquel y carbón. El departamento ha liderado la lista de los mayores productores mineros junto con Guajira y Chocó. Según el Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia (BIRD Antioquia), el departamento produce el 50% de oro del país y la mayor parte de esa producción resulta en minas que se trabajan en las regiones de Bajo Cauca, Suroeste y algunos municipios del Nordeste Antioqueño. Y ante semejante producción, el Ministerio de Minas declaró cinco distritos mineros en Antioquia: Amagá, Nordeste Antioqueño, Frontino, Puerto Nare y Oriente Antioqueño.
En la gran mayoría de estas regiones las personas viven de la explotación de oro y, en menzor medida, de arcilla y caliza. Son mineros de tradición, el Nordeste de Antioquia por ejemplo, corresponde a un área que históricamente ha sido intervenida por minería al igual que Frontino y Puerto Nare. Pero para los habitantes del Oriente Antioqueño el tratamiento es distinto.
El Oriente no es minero, o por lo menos eso es lo que repiten sus habitantes aludiendo que en la zona las actividades económicas se limitan a la agricultura, la ganadería y los empleos que generan las industrias asentadas en el altiplano. Lo que ellos no saben es que casi todo el territorio, es decir los 23 municipios, está solicitado para explotación minera según la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare (Cornare).
Pero el distrito minero del Oriente de Antioquia, según lo dictaminó el Gobierno, está conformado por cuatro municipios: La Unión, Abejorral, El Carmen de Viboral y Rionegro. Para el Ministerio de Minas un distrito minero es una zona estratégica donde la minería es una actividad económica de interés e impacto social. Sin embargo, a pesar de la avalancha de solicitudes y del legado de distrito, la actividad no se reconoce como un referente económico, laboral y mucho menos de progreso. Tanto así, que en el actual Plan de Desarrollo de la Administración Municipal de Rionegro, que registra los niveles más altos de explotación minera en la subregión, no se tiene ningún proyecto que se refiera a la actividad en cualquiera de sus fases. Los únicos que saben del tema son los trabajadores de las minas.
No obstante el Ministerio encontró otras razones, a parte de la riqueza mineral, para declarar al Oriente como distrito minero, por ejemplo un aeropuerto internacional, vías pavimentadas y de fácil acceso, autopista Medellín-Bogotá y fábricas e industrias donde se le puede dar utilidad al mercado. También influye las condiciones de suelos planos y colinados del valle de San Nicolás y las reservas hídricas para el uso del agua en la explotación.
Dentro del distrito lo que se busca es marmol, caliza, arenas y gravas, arcillas refractarias, caolín, oro y otros minerales. Actualmente, la mayor parte del caolín y las arcillas se destinan a plantas de cerámica localizadas en Medellín y, en menor proporción, se pulveriza y se exporta a países como Venezuela, Ecuador, México y República Dominicana. De ahí que, en los cuatro municipios que conforman el distrito se registren 23 títulos mineros, sin contar con la minería informal que aflora en la región.
Pero el futuro minero optimista viene acompañado de temores frente a los estragos ambientales y sociales que ya comienza a advertirse por cuenta de la extracción de materiales. Según lo determinó Cornare, en el Oriente existen varias reservas forestales, zonas boscosas y nacimientos de quebradas o ríos que se encuentran protegidos.
“Yo me reuní con los alcaldes de todas partes y el de La Unión fue el único que mostró interés. En Abejorral, El Carmen, Rionegro y en el mismo Cornare había escepticismo y consideraban que el potencial en el Oriente no era el minero, por eso no le veían mucho sentido apostarle al distrito”, dice Diana María Tobón que fue Coordinadora y Promotora del Distrito Minero de Oriente.
El trabajo de Diana era clave: crear una estrategia de financiamiento para los distritos, tener acercamiento con los mineros, entre otras funciones. Ella debía gestionar recursos económicos e impulsar proyectos que financiaran una minería con desarrollo sostenible. “Ahí estuvo el quiebre”, comenta.
A “Colombia, país minero” no le creyeron. Las empresas del sector, las administraciones municipales y las corporaciones regionales se hicieron los locos y por eso no se generaron proyectos, ni recursos, ni dinero, y así, el plan de distritos mineros se congeló y la política nacional se archivó en el Ministerio en el 2010, el mismo año en que Álvaro Uribe terminó su mandato presidencial.
Retos y medidas
El Presidente Juan Manuel Santos catalogó a la minería como una de las locomotoras de desarrollo para el país. No obstante, las políticas mineras siguen quietas y hasta ahora, la ciudadanía no ha visto un mecanismo institucional que jalone la locomotora y haga valer la protección del medio ambiente colombiano como un tesoro tan valioso como el oro y el carbón. Pero lo que si se ha visto es una avalancha de concesiones que se amotinan por un título minero.
La Contraloría General de la República en su informe al Congreso sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente 2010-2011, señala “la forma caótica e irresponsable como se otorgaron más de 6000 títulos mineros en el periodo 2002-2010”, además de las grandes inconsistencias de información que sobre los títulos otorgados y solicitados existen al interior del Instituto de Geología y Minería (Ingeominas), y de aquellas entidades territoriales que cuentan con la delegación para el otorgamiento de títulos. Es de esta forma como la superficie de hectáreas con título minero pasó de 1,13 millones a 8,53 millones. Esto sin mencionar que las hectáreas tituladas en los páramos se duplicaron con creces.
Según el informe de la Contraloría, “entre el año 2000 y 2010 se realizaron 22 investigaciones sobre la actividad minera. Sin embargo, hay que precisar que buena parte de estas estaban referidas a las tecnologías de punta y uso industrial de minerales, y se registraron muy pocas dirigidas a los temas sociales y ambientales; apenas cinco tuvieron ese carácter”.
Y aun así, ante el boom de una Colombia que hoy en día es más minera que cafetera, el país no cuenta con los estudios que le permitan saber a ciencia cierta los beneficios netos de la minería, pues como dice el informe: “los costos ambientales y sociales de las actividades mineras no se han evaluado rigurosamente. Es necesario y urgente incluir estos costos en las cuentas y el balance costo-beneficio para saber con precisión que tan útil es social y ambientalmente la actividad minera”. Y ante este panorama en el que se ha hecho mucho y a la vez nada la pregunta sobre las políticas mineras actuales aún carece de respuestas concretas.
Pese a la incertidumbre legislativa, el Gobierno Nacional decidió en mayo de este año crear la Agencia Nacional Minera (ANM). La entidad estará encargada de la adjudicación, centralización, supervisión y cancelación de todos los títulos mineros del país; y como la bandera es el incremento de la actividad, también implementará procedimientos para disminuir los tiempos de respuesta en la contratación minera y aumentar la cobertura de los títulos fiscalizados. Así las cosas, el trabajo de entregar títulos cambiaría de manos, en Antioquia por ejemplo ya no será la Secretaría de Minas del Departamento.
La expedición de la Resolución 182306, del 22 de diciembre de 2011, dice: “se prorrogan las funciones delegadas en los gobernadores de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar y Norte de Santander, se reasumen algunas de dichas funciones y se delegan en el Servicio Geológico Colombiano”. Eso significa que la dependencia de minas puede perder todo control y autoridad en el departamento.
“Actualmente, nosotros tenemos una delegación de funciones que va hasta noviembre”, explica una fuente de la dependencia. Y dentro de esas funciones, “solo existe la posibilidad de tramitar autorizaciones temporales para propuestas de extracción de materiales de construcción, con objeto de ejecutar vías públicas de carácter nacional, departamental y/o municipal”, sin embargo, a principios de mayo el Gobierno Nacional hizo el anuncio de que la Secretaría de Minas de Antioquia continuará laborando solo por seis meses. Lo que pronostica Diana María Tobón es un interés por centralizar el control minero en Bogotá: “si la Gobernación a veces se veía con dificultades con gente de acá que está en Medellín, ahora una entidad de Bogotá con personas que no conocen el territorio, eso es un asunto bien difícil”.
Un solo ejemplo es revelador. El informe de la Contraloría registra el caso de Ingeominas que contaba con 31 funcionarios de planta y 57 contratistas para llevar a cabo la fiscalización minero-ambiental de todo el país. “Un caso que muestra la gran incapacidad de control por parte de las autoridades mineras”, dice un artículo del profesor de la Universidad de los Andes Manuel Rodríguez. Con todo, mientras en el 2010 la partida presupuestal anual para el proceso de fiscalización minera fue de 4.900 millones de pesos, para la presente, se cuenta con recursos superiores a los 170 mil millones de pesos.
El futuro se augura incierto y más para el Oriente Antioqueño que contiene en sus entrañas un potencial minero promisorio que ya no se puede ocultar. Sí, el Oriente es minero. Basta con mirar el mapa de solicitudes para darse cuenta que casi todo el territorio está solicitado para explotación. Personas como Diana Tobón especulan que de ser así vamos directo a un caos en términos ambientales, alimenticios y sociales. “Donde todo eso se explote para mí es inviable, a eso se le tiene que poner un freno y definir unas zonas específicas donde se explote, porque no es posible que todo este territorio esté dispuesto al mercado de la minería”.
En la región los medios locales poco hablan del tema, en las dependencias municipales la información es precaria y los habitantes del Oriente desconocen el boom minero que se acerca. Si las cosas siguen como van, dentro de muy poco la concepción que tienen los habitantes de una región puramente agrícola, quedará relegada a un segundo plano.
Fuente: www.orienteapress.com
