Un total de 268 municipios del país, entre los que se encuentran 29 poblaciones antioqueñas, presentan algún tipo de riesgo electoral por cuenta de los distintos grupos armados, según se concluyó en la quinta reunión de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, presidida por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Entre las mayores fuentes de riesgo para los comicios regionales de octubre próximo, tal como lo reveló la Defensoría del Pueblo, se destacan las bandas criminales, las Farc y el Eln, con incidencia en 156, 128 y 79 municipios respectivamente.
Dicha entidad señaló que si bien el cese del fuego decretado de manera unilateral por las Farc ha incidido en la disminución de la intensidad del conflicto y las acciones militares que atentan contra la población civil, también dio a conocer que en algunas regiones de Colombia se han registrado presiones e intimidaciones a la ciudadanía por cuenta de la guerrilla.
En municipios como El Doncello, Caquetá, y Yopal, Casanare, se han recibido denuncias por parte de la población civil en el sentido de que los actores armados estarían limitando la movilidad de algunos candidatos con el fin de direccionar el voto de los electores.
“El monitoreo de la Defensoría del Pueblo permitió confirmar la ocurrencia de 106 hechos de violencia en el marco del actual proceso electoral en 87 municipios de 27 departamentos, siendo las amenazas de muerte contra candidatos a cargos de elección y servidores públicos del orden departamental y municipal la variable con mayor repetición”, precisó la Defensoría en su informe.
Sin embargo, y a pesar del diagnóstico elaborado por esa entidad, hay un hecho positivo y es que en comparación con los mapas de riesgo electoral elaborados para elecciones anteriores, hay una reducción importante en el número de municipios amenazados, pues se pasó de 403 en 2007, a 356 en 2011 y 268 en 2015.
Inscripciones fraudulentas
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, informó que gracias a un barrido preliminar se han podido identificar entre 800.000 y un millón de cédulas inscritas de manera aparentemente fraudulenta.
“Hay entre 800.000 y un millón de cédulas inscritas en donde no coincide la información de propiedades, Sisbén, ni Fosyga, en el municipio donde el inscrito aspira sufragar. Vamos a actuar para que con la mayor celeridad y contundencia se comience la anulación de estas cédulas por parte del Consejo Nacional Electoral porque no podemos permitir que esa gente vote”, afirmó Cristo.
Además, el jefe de la cartera política confirmó que la Procuraduría reportó 927 candidatos posiblemente inhabilitados para participar en las elecciones y explicó que a “aquellos aspirantes a los que la Procuraduría ha señalado como inhabilitados, el Consejo Nacional Electoral debe proceder a revocarle las inscripciones en los próximos días”.
En cuanto a la situación de orden público, el ministro confirmó que entre el 1 de enero y el 26 de agosto del presente año las autoridades han reportado seis homicidios contra candidatos o sus familiares cercanos y otros seis asesinatos de funcionarios públicos, en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Caquetá, Boyacá, Chocó y Quindío.