Esta mañana de viernes la Corporación informó que a través de la Resolución RE-02179-2024, se archiva el proceso de Gravas La Colina, “Cornare resuelve dar por terminado y archivar el trámite de licenciamiento ambiental del proyecto minero Gravas La Colina, que tenía área de influencia entre los municipios de La Ceja y La Unión y el cual pretendía desarrollar actividades de explotación y aprovechamiento de yacimiento de gravas y arenas naturales y silíceas en la vereda Las Lomitas”, expresó el director de la Corporación, Javier Valencia.
El proceso ante la autoridad ambiental para solicitar el licenciamiento para este proyecto inició en agosto de 2023, a nombre de Gravas La Colina y en octubre del mismo año, Cornare realizó requerimientos de información adicional. Posteriormente, el 15 de mayo de 2024, la Corporación, en el marco de sus procesos de participación ciudadana, celebró una audiencia pública ambiental en el municipio de La Ceja, allí la comunidad expresó diferentes argumentos con soportes técnicos frente al proyecto y sus posibles impactos, los cuales fueron evaluados meticulosamente y documentados en el informe técnico final que sustentó la decisión de archivo del 20 de junio de 2024.
En diálogo con ASENRED, Rafael Molina, vecino de la zona donde se pretende hacer la explotación dijo, “En el lugar viven muchas personas, en casas campesinas, parcelaciones y toman el agua del lugar –es una zona rica en aguas- hay fincas dedicadas al cultivo de diferentes productos como flores, ganadería. Además, que la vía de acceso es estrecha para la cantidad de volquetas que pasarán por ahí (…) allí se pretendían explotar 1.313.000 metros cúbicos de materiales”.
Erika Alzate Amariles, jefe de la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales de Cornare, sobre la decisión afirmó lo dicho por el director de la Corporación, y afirmó, “respecto al Estudio de Impacto Ambiental -EIA- del proyecto Gravas La Colina, de manera general podemos decir que el mismo no cumple con los términos de referencia para este tipo de proyectos ni con la Metodología para la Presentación de Estudios Ambientales. El archivo de esta solicitud de licencia ambiental significa que bajo las características actuales del proyecto y lo presentado en el EIA, este no es viable ambiental y socialmente por la deficiencia en la delimitación, valoración y calificación de los impactos y en las medidas de manejo y las falencias técnicas en la elaboración del estudio”.
María Ilbed Santa, alcaldesa del municipio de La Ceja, quién había expresado su desacuerdo con el proyecto minero manifestó, “celebro esta decisión y agradezco profundamente a la Corporación Cornare y espero que podamos seguir cuidando nuestro territorio”.
La Corporación, dijo que la evaluación de este y los trámites de licencias ambientas cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales especializados en los componentes biótico, abiótico, socioeconómico y jurídico con amplia experiencia laboral y profesional.
“El equipo evaluador, luego de revisar integralmente el Estudio de Impacto Ambiental, entregó su concepto frente a los aspectos trascendentales y que motivaron finalmente la decisión de Cornare, los cuales se esbozan a continuación”:
Respecto a la delimitación y caracterización del área de influencia, el EIA no define adecuadamente las áreas de influencia de los medios abiótico (agua, aire, suelo) y biótico (flora y fauna), necesarias para evaluar los impactos del proyecto y su trascendencia. Se resalta la falta de consideración de una fuente hídrica en el punto de explotación y no se presenta un análisis de la incidencia del proyecto sobre la disponibilidad del recurso hídrico de las fuentes de las que captan los diferentes usuarios.
Además, en el documento no se determinan con certeza los efectos aguas abajo de los vertimientos, no se dan a conocer los sustentos técnicos en los modelos de calidad del aire y ruido, así como tampoco, las deficiencias en el área de influencia biótica, respecto a la cercanía con el DRMI Cerros de San Nicolás.
Respecto a los impactos ambientales, se concluye que el ritmo de explotación propuesto, con una extracción diaria de 653 m³ durante seis años, sugiere un uso importante en horas/día del proceso de trituración y un tránsito muy superior al que se tiene actualmente para la vía veredal y la vía que comunica La Unión y La Ceja, lo cual traería consigo impactos no solo al medio socioeconómico sino también a los medios biótico y abiótico, prediciendo bajo este escenario, valores de concentración de PM10 y PM2.5, que superan los límites máximos permisibles y un impacto por ruido severo, que requeriría medidas de manejo drásticas para su mitigación que no están justificadas técnicamente por el usuario.
De igual manera, la proximidad del frente de explotación al DRMI Cerros de San Nicolás, a solo 20 metros del límite, desconoce la necesidad de una zona de amortiguamiento necesaria entre el área protegida y la zona de explotación, que disminuya la intensidad de los impactos severos generados por el proyecto a los componentes flora y fauna.
Por otro lado, se encontró falta de claridad y exhaustividad en la identificación y evaluación de impactos ambientales actuales y potenciales en el paisaje, flora, fauna y el medio socioeconómico, al igual que una inadecuada relación entre la información de caracterización levantada y los impactos previstos, especialmente en cuanto a la fauna, flora y condiciones socioeconómicas.
La Corporación, consciente de la necesidad de fomentar el desarrollo sostenible en la región evalúa con criterio técnico cada una de las solicitudes de los proyectos objeto de licenciamiento ambiental, considerando precisamente los impactos ambientales, la trascendencia de los mismos y la necesidad de contar con medidas de mitigación y compensación acordes con las actividades realizadas. Muestra de ello, es que entre 2020 y lo corrido de 2024, de las 62 licencias ambientales atendidas, 17 fueron archivadas por incumplimientos en términos de referencia y/o falencias en los EIA presentados.
Para garantizar la imparcialidad, objetividad y transparencia en las decisiones, Cornare también implementa estrategias anticorrupción, como la creación de una Gerencia de la Ética y la Transparencia y otra de la Oportunidad, impulsa acciones éticas en los funcionarios y colaboradores y fomenta la denuncia de conductas irregulares por parte de los ciudadanos.
El dueño del proyecto cuenta con diez días para interponer un recurso de reposición. Al cierre de esta nota no se conocer ningún pronunciamiento, respecto a la decisión de Cornare.
