Al tradicional lugar de la rumba en Rionegro y el Oriente Antioqueño, San Antonio de Pereira, la pandemia lo convirtió en un lugar solo, que pareciera abandonado: la antítesis de un fin de semana en donde se hacía difícil caminar, parquear y hasta encontrar un lugar para comer.
“San Antonio es otro”, dice Wilson Pulgarín, propietario de una discoteca, que, como todos los 400 establecimientos comerciales, entre tiendas, supermercados, ferreterías, papelerías, restaurantes, comidas rápidas, bares y discotecas, debieron cerrar, y no saben hasta cuándo.
“Los comerciantes de San Antonio nos encontramos frente a una situación de ahogo económico, sin salida, y hasta el momento sin apoyo económico, ni moral, por parte de ningún ente que permita alivianar nóminas a empleados, impuestos, servicios públicos y lo más devastador que son los arriendos, pues ha sido muy complicada la negociación entre arrendatarios y arrendadores, ya que estos se niegan a renegociar, al menos mientras pasa la emergencia”, cuenta Wilson en medio de su desesperación.
En la zona, 15 establecimientos comerciales no aguantaron la presión de las deudas con entidades financieras, por arrendamiento, servicios públicos e impuestos. La situación, según ellos, es insostenible al punto que acabó con los ahorros y ganancias que habían obtenido de sus negocios.
Aunque no se conoce un censo, al menos 5.000 personas viven de la famosa actividad comercial y de entretenimiento de San Antonio de Pereira, gente que hoy está en sus casas sin nada que hacer, en su mayoría porque depende únicamente del comercio.
“Sentimos dolor y angustia al ver que toda una empresa, hecha a punta de coraje y dedicación se desmorona y nadie, absolutamente nadie por parte del Gobierno, al menos pregunta por nosotros. Peor aún es nuestro estado emocional cuando se nos dice que tenemos la posibilidad de préstamos en los bancos y al acudir a ellos, comprobamos que es mentira. Es decir, nos sentimos olvidados e ignorados”, dice otro comerciante de la zona.
Ana Judith Gil, la presidente de la Asociación de Comerciantes, reclama al Gobierno Nacional una figura jurídica que les ayude a llegar a acuerdos de pago, porque esa situación los está llevando a la quiebra: “es necesaria una regulación sobre arriendos, subsidios de las empresas de servicios públicos y el no pago de Sayco y Acinpro, Industria y Comercio y acompañamiento psicosocial”, entre otras, son las peticiones que, según la señora Gil, son urgentes.
Por el momento, los comerciantes de este afamado sector de Rionegro le rezan a San Antonio y conservan la esperanza de que pronto pueda regresar la alegría a sus establecimientos, por lo cual están trabajando en un protocolo de bioseguridad que esperan les sea aprobado, para ser no solo el mejor lugar para disfrutar, sino también el más seguro.
