Aunque es incalculable la cantidad de menores que perdieron su juventud por el reclutamiento de los grupos armados ilegales, es un crimen de guerra con un gran déficit de justicia.
Entre 2004 y 2009 se presentaron solo 73 sentencias frente a la magnitud de este delito de lesa humanidad: 14 contra las Farc, 48 contra las autodefensas, 6 contra el Eln y 5 del Epl.
Por esta razón, desde hace dos años el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, la Agencia Colombiana para la Reintegración, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ejército se unieron para judicializar a reclutadores de los menores de edad. El coronel Carlos Lasprilla Villamizar, jefe de Prevención del Reclutamiento del Ministerio de Defensa, explicó que por primera vez hay una estrategia interinstitucional que debe reflejarse en órdenes de captura contra los determinadores del reclutamiento sistemático y los autores materiales.
Miles de menores de edad reclutados y contadas condenas, ¿por qué?
“A pesar de los esfuerzos de visibilizar el delito del reclutamiento ilícito, el Estado no había podido ahondar en la justicia por las dificultades propias del conflicto. La clandestinidad de los autores y la falta de denuncias se sumaban a la realidad de que el trabajo no se estaba articulando de forma que permitiera identificar a los perpetradores y avanzar con investigaciones judiciales contundentes. Entonces desde hace dos años las diferentes instituciones y autoridades comparten esfuerzos para que este grave delito de lesa humanidad no quede impune”.
¿Qué resultados son los que pueden mostrar contra los responsables?
“En la primera fase se enfocó la estrategia investigativa en Antioquia y a la fecha se lograron armar los procesos judiciales por el reclutamiento de 136 víctimas identificadas de 11 estructuras de las guerrillas, lo que significa que en las próximas semanas se dictarán las primeras órdenes de captura en esta región contra quienes han reclutado menores de edad o han dado las órdenes.
El frente 18 de las Farc, con 28 casos, es el que más procesos tiene activos y le siguen los frentes 5, 34 y 36 de las Farc, y también las estructuras del Eln. Antioquia ha sido el modelo de trabajo que se replica en Meta, Vichada, Putumayo, Cauca, Tolima, Nariño, Norte de Santander y Caquetá, las zonas más afectadas”.
¿Cuál es la nueva estrategia para la judicialización de los responsables?
“El trabajo hoy va en dos direcciones. Identificar y orientar los procesos de judicialización contra los máximos responsables, es decir quienes han dado las ordenes a través de direccionamientos como son los jefes guerrilleros que impusieron en esas organizaciones ilegales el reclutamiento sistemático desde los estatutos. Pero también se dirige la acción contra los autores materiales que con engaños o intimidación reclutan en terreno. Ahora hay un trabajo coordinado liderado por el Ministerio de Defensa y la Fiscalía que antes no se daba, se ha sensibilizado y visibilizado más este delito y sus modalidades para prevenirlo, y con la investigación de las autoridades, incluso con cooperación de desmovilizados para armar los procesos y así tener mejores resultados”.
¿Cuáles son esas modalidades de reclutamiento que usan hoy los ilegales?
“El reclutamiento ilegal de menores ha mutado, ha sido como el mismo conflicto y hoy es mas difícil vincular menores para las guerrillas, en particular que son los principales responsables. Aún en áreas históricas donde exigían cuotas de jóvenes a las familias para la revolución, y menos con adultos, es cada vez más difícil porque la gente no apoya a estos grupos por su violencia contra la gente. Entonces están abordando en las escuelas y casas aprovechando las vulnerabilidades como la pobreza, la falta de oportunidades en algunas regiones, la disfuncionalidad de los hogares, incluso, la violencia intrafamiliar. Los vinculan con engaños de dinero, les prometen artículos suntuosos en zonas rurales apartadas como tabletas o celulares y les generan expectativas que nunca se van a cumplir. Pero también los amenazan a ellos o a sus familias, tanto las guerrillas como las bandas criminales”.
Según las investigaciones y los desmovilizados, ¿cómo son utilizados los menores?
“Son instrumentalizados para que se sumen a sus filas, también los utilizan como informantes, los llamados carritos para traficar armas y narcóticos, para algo tan peligroso como instalar minas antipersonal. Y algo muy común que denuncian los desmovilizados es la violencia sexual, en especial de las niñas y adolescentes, por parte de los cabecillas y la conocida práctica de los abortos forzados. Además, estos menores no solo son víctimas de reclutamiento, sino que les violan otros derechos humanos y los propios de la niñez como la educación, a tener una familia protectora”.
Fuente: Elcolombiano.com