Las FARC rechazaron este viernes que ante un eventual acuerdo de paz se les apliquen mecanismos de justicia diseñados para «bandas criminales», en el inicio de un nuevo ciclo de conversaciones en La Habana para poner fin al conflicto armado, del que volvieron a responsabilizar al Estado.
La guerrilla señaló que al tratarse de un proceso de paz para poner fin a un «conflicto interno», el mecanismo de justicia que se debe aplicar es el Protocolo II de Ginebra, diseñado para casos de «enfrentamiento entre fuerzas armadas del Estado y fuerzas disidentes o grupos armados organizados» que ejercen control sobre una parte del territorio bajo un mando responsable.
«A los delincuentes comunes no se les aplica el Protocolo II de Ginebra, como a los rebeldes no se les puede dar el tratamiento que se ha diseñado para bandas criminales, ni el derecho penal del enemigo», afirmaron los insurgentes en un comunicado leído a la prensa por el guerrillero Jorge Torres Victoria, alias «Pablo Catatumbo».
Los equipos negociadores del Gobierno y las FARC iniciaron el 35º ciclo de los diálogos de paz en La Habana, centrados en el punto de la reparación de las víctimas, asunto que incluye el delicado tema de la justicia transicional, en la que la que las partes no se ponen de acuerdo.
Mientras que el Gobierno señala que el resarcimiento de las víctimas debe ir acompañado por penas de privación de la libertad de los principales responsables de delitos graves; la insurgencia defiende una amnistía para los guerrilleros apoyada en la naturaleza política de sus delitos y el derecho a la rebelión.
«Si bien ha habido conductas que pueden ser imputables dentro del esquema de la definición del Protocolo II, lo cierto es que no son las FARC las responsables de esta tragedia iniciada por las élites mezquinas que impusieron el terror para mantener sus privilegios», precisa el escrito.
En este sentido, la guerrilla recrimina al Gobierno haber extendido en una «opinión pública manipulada», la idea «electorera y tergiversada de la paz sin impunidad», que sólo alude a «la guerrilla para someterla, sin mirar para nada a los verdaderos determinadores de la victimización, que son las élites de poder».
«Refiriéndose al proceso de paz, ha dicho el presidente (Juan Manuel) Santos que la justicia es el problema. Y sí que es un problema de corrupción, de impunidad y degradación moral que arrastra consigo la crisis del credibilidad del régimen en su conjunto», añaden.
Por ello, las FARC demandaron «con vehemencia» que se abran los archivos y «se discuta de cara al país el asunto de la responsabilidad del Estado» en el conflicto armado, que en más de cinco décadas ha provocado más de 6,5 millones de víctimas.
Como es habitual, la delegación gubernamental no ofreció declaraciones a su llegada al Palacio de Convenciones de La Habana, que hoy la integraban el jefe negociador Humberto de la Calle, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo y los generales de la Policía, Oscar Naranjo, y del Ejército Jorge Enrique Mora.
En las últimas semanas se había especulado sobre la posible salida de este último del equipo negociador del Gobierno, ya que el general Mora no ha estado de forma permanente en los últimos ciclos al ocuparse también en Colombia de calmar los ánimos y hacer pedagogía sobre los avances de las negociaciones entre los sectores del Ejército más críticos con el proceso de paz.
Esa decisión del presidente Santos de que, tanto el general Naranjo como el general Mora tengan ahora una presencia intermitente en el proceso generó críticas y dudas, sobre todo dentro de las Fuerzas Armadas, en un momento en el que se debate en La Habana el rol de éstas en el conflicto armado como parte de las discusiones sobre justicia transicional.
Fuente:Semana.com