Luego de 13 años de separación forzada por causa del conflicto, la reparación a las víctimas vuelve a reunir a una familia antioqueña. Dos hermanos regresaron a la tierra de la que se desplazaron para hacer parte de las 343 personas que recibieron la indemnización económica de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en los municipios de San Luis y Cocorná.
Corría el año 2013 cuando el conflicto entre guerrillas y autodefensas obligó a la familia Jaramillo, integrada por padres y cinco hermanos, a abandonar la vida de campesinos en una vereda de Cocorná para luego dispersarse por varias regiones del país.
“Debido al desplazamiento nuestra familia se desintegró porque los cinco hermanos nos fuimos para distintas ciudades para sobrevivir, ya que la situación económica nos impedía estar juntos en el mismo lugar”, relató Víctor Jaramillo instantes después de recibir la carta de dignificación y la indemnización administrativa como víctima.
Con estos recursos Víctor y Jonhatan comparten el proyecto de invertir “en la comprar un predio donde podamos vivir cerca todos unidos de nuevo en estas tierras y trabajar para salir adelante y tener un mejor futuro. Queremos que esta reparación sirva para recuperar el tiempo perdido por ese desplazamiento”.
Según Jorge Mario Alzate, director de la Unidad para la Reparación a Víctimas en Antioquia, “buscamos que estos recursos de reparación por casi tres mil millones de pesos para estas 343 víctimas sean un aporte a la construcción de la paz desde los territorios, en este caso en esta región del Oriente antioqueño”.
Las jornadas de reparación en San Luis y Cocorná coinciden con los 5 años de implementación de la Ley de Víctimas (2011-2016) que se cumplen este 10 de junio. Durante este quinquenio la Unidad para la Reparación a las Víctimas ha entregado la indemnización económica a 592.430 víctimas del conflicto en Colombia.
Antioquia es el departamento con mayor población afectada por el conflicto, y a la vez, más beneficiados de la reparación integral, con cerca de 190 mil víctimas indemnizadas con una inversión del Estado aproximada a los 1,16 billones de pesos.
Fuente: Unidad de Víctimas