Sentimientos encontrados batallan en el corazón de doña María Gilma Soto de Atehortúa. La fuente de sus dilemas la tiene clara: «hace como dos meses que nos llegaron unos volantes, diciendo que nos iban a derrumbar las casitas y que los cultivos de moras y fresas también iban a desaparecer».
Germán Jiménez Morales – Periódico El Colombiano
Suena a desplazamiento forzado de actores ilegales. Pero no. Doña María Gilma vive a escasos 25 minutos del centro de Medellín. Desde hace 35 años reside en Perico, una vereda poco poblada de Envigado, en la que el intenso verde aún domina el paisaje. Su pecado, y el de sus 6 hijos, 23 nietos y 6 bisnietos que viven de lo que les da la tierra, es ocupar una hermosa parcela que el difunto Inderena ordenó, 40 años atrás, que se mantuviera como un denso bosque, protector de las aguas.
Del lote de esta familia se recogen cosechas de 800 bandejas de fresa y 80 canastas de mora. Pero su tamaño es menos que la cabeza de un alfiler dentro de los más de 118 kilómetros cuadrados que el Inderena declaró, por Acuerdo 031 de 1970, como reserva forestal protectora del río Nare. Semejante extensión equivale a una y media veces todo Envigado.
¿Y cómo es que doña Gilma terminó viviendo en una intocable reserva forestal?
Un lío similar tiene Carlos Guillermo Álvarez Higuita, profesor pensionado de la Universidad Nacional y miembro de la Junta Directiva de EPM. Él ya escribe poco sobre renta petrolera y temas energéticos. Ahora, con su esposa Cecilia, cultiva hortensias, en 3.000 de los 6.800 metros cuadrados que compró hace diez años. A su puerta llegaron los mismos volantes anónimos que llenaron de furia y miedo el corazón de su vecina, porque advertían que todo lo construido se iría abajo, para que retoñe más bosque.
¿Y en el certificado de tradición no aparecía que estos terrenos eran reserva forestal?
«No», responde Álvarez, quien tiene como vecino a Federico Restrepo Posada, gerente General de EPM. El funcionario señala que cuando estuvo como director de Planeación de Medellín, en la alcaldía de Sergio Fajardo (2004-2007), no supo de la existencia de la reserva, la cual tampoco salió a flote en las discusiones del plan de ordenamiento territorial con las autoridades ambientales.
El rotundo no lo repite la propietaria de una lujosa parcela situada en la vereda Las Palmas, de Envigado. Su familia es de constructores y ellos sí que han visto decenas de certificados de tradición, en un municipio que de 79 kilómetros cuadrados tiene 37 dentro de la reserva forestal creada por el Inderena.
«El 42 por ciento del territorio urbano y rural de Envigado está dentro de esa reserva», confirma el director de Planeación del municipio, Juan Diego León Toro, quien, al igual que los demás personajes de esta historia, vinieron a conocer de la existencia del «manto verde» a mediados de 2009, cuando un ciudadano presentó una acción popular, porque presuntamente se estaban pasando por la faja las normas ambientales en la construcción del Parque Ecoturístico Arví, entre cuyos socios estaban dos autoridades en la materia: Corantioquia y Cornare.
Al hombre que prendió el ventilador esto le ha sabido a cacho, pero resiste. Por doquier se presume que su afán no es la defensa del medio ambiente, sino el lucro económico. De hecho, en la acción popular que tiene en sus manos un Juez Administrativo, Leonardo Muñoz Cardona pide «condenar, en forma solidaria a los demandados al pago del incentivo que me corresponde como actor popular…».
A partir de su denuncia, fechada 18 de junio de 2009, la reserva forestal del río Nare dejó de ser un fantasma. La misma cubre los municipios de Medellín, Rionegro, Envigado, El Retiro y Guarne. Para Mauricio Dávila Bravo, secretario General de Cornare, esa norma está muerta. El hoy extinto Inderena la expidió, la engavetó y no dio las directrices para que se hicieran los respectivos planes de manejo.
Adicionalmente, ya habrían desaparecido los fundamentos de hecho, dado que el territorio de hoy es distinto al de 1970, y los de derecho, porque otras autoridades han regulado el uso de esas áreas.
Otra cosa opina Claudia Mora Pineda, viceministra de Ambiente: «La resolución del Inderena está vigente, no ha sido modificada» y las autoridades ambientales, incluyendo a las corporaciones autónomas regionales, tenían instrumentos legales para manejarla.
El cuento es macondiano. El Inderena le dio vida a la reserva, pero ni el Minagricultura, en su momento, ni el de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, después, dieron las pautas para su manejo. Por eso era una ilustre desconocida para Cornare, Corantioquia, las oficinas de planeación municipal y departamental, los curadores y, por supuesto, los propietarios de los terrenos, quienes dispusieron libremente de ellos.
«El municipio hizo caso omiso de la norma. Ni siquiera Medellín la tuvo en cuenta, al igual que el Minambiente, que nunca dio los lineamientos para el manejo de la reserva». Lo afirma Augusto Rodríguez Pava, director de Planeación de Guarne, un municipio que tiene el 40 por ciento de su zona rural dentro de la reserva protectora, con predios que son básicamente de EPM.
Medellín, por su parte, tiene en la reserva 43,2 kilómetros cuadrados, en el corregimiento de Santa Elena, que corresponden al 37 por ciento de toda el área declarada y al 60 por ciento de esa localidad. Por normas que datan del 2006 se definieron 32,8 hectáreas como suelo de protección. El Arví está en esa jurisdicción, pero no corre peligro, porque el terreno fue sustraído legalmente de la reserva, en septiembre de 2009.
Menor es el impacto en Rionegro. Paula Andrea Roldán Henao, directora de Planeación, anota que de 198 kilómetros cuadrados del municipio, tan solo 280 hectáreas, que cobijan a la vereda Yarumal, están dentro de la reserva. Allí no hay problema, pues la gente sabe que esta es un área de protección, no parcelable, dada la existencia de muchos nacimientos de agua que alimentan el acueducto.
Las instituciones y los ciudadanos dicen haber obrado de buena fe. Sin embargo, la pretensión de Muñoz Cardona es que todo aquello que se construyó sobre la reserva forestal, sin el lleno de los requisitos legales, se debe ir abajo y proceder a recuperar el bosque.
El panorama de destrucción es delirante. Si el Juez accediera a ello, al mismísimo infierno irían a parar las casas y cultivos de doña María Gilma, Carlos Guillermo y Federico Restrepo. La Escuela de Ingeniería de Antioquia, sede Las Palmas. Colegios como el Columbus School y el Teodoro Hertz. Parcelaciones de lujo, con casas de 1.000 millones de pesos y metro de tierra bruta de 200.000 y 300.000 pesos. La doble calzada Palmas-Aeropuerto. Todo lo que esté en pie entre Las Palmas y la Loma del Escobero. Cultivos de flores en la parte alta del Retiro y Rionegro. Y hasta EPM tendría que meterle freno de mano a los 80.000 millones de pesos que invierte a través de Aguas de Oriente.
Y siga. Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol Antioquia, califica esto como «un imposible», pues habría que volver polvo más de 50 parcelaciones, desaparecer parte de los perímetros de los municipios y hasta proyectos estratégicos de los diversos niveles de Gobierno. En su opinión, «es una barbaridad, un absurdo urbanístico, motivado por el apetito económico de quien debió haber cumplido esas normas hace muchos años».
La razón: Muñoz Cardona, el hombre que armó el tierrero, comenta que es arquitecto y especialista en temas ambientales. Entre septiembre de 2002 y noviembre de 2006 trabajó en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, como director de Ecosistemas, y en Planeación. También fue director de Planeación de Rionegro, entre 1989 y 1993, y director de Cornare, entre 1994 y el 2000, cargo este último en el que, como argumento de su propia defensa, le tocó expedir el Acuerdo 016 de 1998, «que -dice- reglamentó lo relativo a la reserva protectora en su jurisdicción», pero que en ningún lado habla como tal de la reserva establecida por el Inderena.
¿Y se ha respetado ese Acuerdo?
«No estoy diciendo si lo hice bien o mal. Eso lo dejo ahí».
Ahí también está una resolución del Minambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la 021 del 4 de enero de 2010, que congeló el otorgamiento de licencias de construcción en la reserva forestal. Entre sus afectados está el Parque Tecnológico Manantiales, que se pretende levantar en el sector La Acuarela, de Envigado. El municipio es más ambicioso y quiere destinar allí 160 hectáreas para un desarrollo de comercio, servicios e industrias limpias, incluyendo un parque de diversiones al estilo Disney.
«Si hay una norma, que se respete», sentencia Leonardo Muñoz Cardona, quien luego insiste en que su deseo es que se entienda que el medio ambiente «no es una cuestión de pajaritos y arbolitos».
«Los ciudadanos también son parte del medio ambiente», replica Carlos Guillermo Álvarez Higuita, quien visualiza los derechos adquiridos por familias legalmente asentadas en estos territorios, que cancelan puntualmente sus impuestos prediales «y que hasta dejan de comer por pagarles los servicios públicos a EPM».
María Gilma es tan sencilla como categórica: «sería un error que nos dejaría aguantando hambre».
Opiniones
La reserva forestal protectora del río Nare dejó de ser un fantasma, en virtud de una acción popular que presentó el ex director de Cornare y ex director de Ecosistemas del Minambiente.
Leonardo Muñoz Cardona
Arquitecto y experto en temas ambientales
Los avivatos quieren pescar en río revuelto, con volantes que hablan de la destrucción de casas y cultivos. A María Gilma esos mensajes le han despertado una gran preocupación.
María Gilma Soto
Cultivadora de fresas y moras en Perico
«Nos enredamos con una norma muy antigua, que nunca fue derogada y que posiblemente ya no tenga aplicación práctica, por los nuevos estudios que se hacen para adoptar un POT».
Federico Estrada García
Gerente de la Lonja de Propiedad Raíz
El ex director de Planeación de Medellín nunca escuchó de la existencia de la reserva forestal, en la que hoy Aguas de Oriente tiene un plan de inversiones de $80.000 millones.
Federico Restrepo Posada
Gerente General de EPM
Corantioquia ya presentó los documentos técnicos necesarios para que el Minambiente proceda a la redelimitación de la reserva forestal protectora del río Nare.
Luis Alfonso Escobar
Director de Corantioquia
El Minambiente trata de poner la casa en orden y ver qué se hace de aquí en adelante. Los responsables de la pérdida del 25% de la reserva son asunto de los jueces y de la Procuraduría.
Claudia Mora Pineda
