Este corregimiento de Granada fue escenario del conflicto armado y fortín de las guerrillas de las Farc y el Eln. Hoy afronta un nuevo riesgo para los campesinos: un retorno sin garantías que se convierte en pesadilla.
Por: Fernando López – Corresponsal Oriente Apress
Santa Ana fue escenario de un conflicto que se llevó de allí a cientos de personas que hoy están muertas, desaparecidas o desplazadas. Desde la década de los noventa, el frente “Carlos Alirio Buitrago” del Eln hizo presencia en la zona, donde ya operaba el noveno frente de las Farc. Al parecer varios motivos llevaron a estos grupos hasta la localidad: su ubicación estratégica, el difícil acceso, la cercanía a la autopista Medellín-Bogotá y —según algunos investigadores— la riqueza de los recursos naturales y sus prometedores ingresos fueron los condicionantes para que se instalaran allí; sumado esto a un abandono casi total por parte del Estado.
Diez años atrás, este corregimiento sufrió una crisis humanitaria sin precedentes en su historia. La vulnerabilidad y la desprotección de Santa Ana hicieron que el ejército y los grupos paramilitares se ensañaran y emprendieran una arremetida violenta contra los pobladores de esta zona. Según los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y tortura, “la categoría de ‘enemigo interno’, aplicada a toda persona de la que se considera que apoya a la guerrilla de una u otra forma (incluso si los insurgentes utilizan la fuerza para obtener, por ejemplo, alimentos o dinero de los civiles), se ha hecho extensiva, al parecer, a todos los que expresan insatisfacción ante la situación política, económica y social, sobre todo en las zonas rurales”.
Los representantes de la ONU fueron informados de que la finalidad de esta estrategia es la de privar a los guerrilleros de sus bases. En palabras de un observador no gubernamental, consiste en “luchar contra los insurgentes luchando contra la población civil”. La implementación de este sistema de defensa provocó en poco tiempo un éxodo masivo de campesinos que huían para salvar sus vidas, hasta el punto que entre enero y diciembre del 2002 Santa Ana se convirtió en un pueblo fantasma.
El riesgo de Santa Ana: Retornar dignamente o volver sin derechos
Foto: Fernando López
En enero de 2010, el entonces ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga —en nombre del Gobierno Nacional—, hizo un anunció que consideró generoso en pro de la población desplazada por la violencia: manifestó, ante la Corte Constitucional, que se había adicionado una partida presupuestal que asciende a 10 mil millones de pesos, que debían ser destinados a desarrollar el programa “Retornar es Vivir”, estrategia que fue lanzada en octubre de 2009, precisamente en Santa Ana, donde se supone retornaron la gran mayoría de sus habitantes.
Sin embargo, tal y como lo muestra un informe del Instituto Popular de Capacitación, “en los municipios del Oriente Antioqueño los procesos de retorno de población desplazada están generando más preocupaciones que alegrías. Los esfuerzos de las administraciones locales se están quedando cortos frente a las necesidades de los retornados; la coordinación con las instituciones del Estado, en este caso Acción Social (hoy Departamento para la Prosperidad Social DPS), es poco funcional y los que han decidido regresar viven ahora entre penurias y privaciones”.
Basta con una mirada al pueblo y a su cotidianidad para darse cuenta de que los procesos de retorno no prestan las suficientes garantías para ser considerados como verdaderos pasos para la restitución plena de los derechos civiles. María López, retornada a Santa Ana, dice que ya no hay tanta violencia, pero la gente está pasando grandes necesidades porque hay mucha pobreza. Las personas aún corren peligro; si bien hay una relativa calma en materia de seguridad, participan de un plan de retorno que no va más allá del recibimiento de los componentes básicos de una ayuda humanitaria.
La recuperación que hasta ahora se da en Santa Ana obedece a términos estrictamente militares. Carlos Arturo Quintero, uno de sus habitantes y de los pocos que no abandonaron el poblado, dice que han repartido mercados y han mejorado algunas viviendas, pero también hace un reclamo a los entes estatales: “necesitamos que el Gobierno le meta la mano al pueblo para poder salir adelante y que podamos volver a producir como hace años. Eso es lo que se pide, que el Gobierno se ponga las pilas, porque nos ha tenido olvidados. Necesitamos que se acuerden de nosotros”.
El drama es evidente en algunas familias que ya han regresado pero no cuentan con un acompañamiento en este proceso, no hay asistencia directa rural. Además, el panorama que encuentran al llegar no puede ser más desalentador: casas destruidas, parcelas convertidas en matorrales, caminos intransitables, veredas minadas. Un territorio que no tiene las condiciones para recibirlos de nuevo. Por otro lado, se encuentran las nulas posibilidades económicas en un comercio acabado y con pocas posibilidades de reactivación.
El proceso de retorno parece quedarse corto frente a todo lo que hay por hacer. Por lo menos en el caso de Santa Ana, la única garantía ofrecida hasta hace poco era el mejoramiento de vivienda, que consistía en la entrega de algunas tejas, adobes y, en pocas ocasiones, cemento para rehacer los muros de las casas, que en su mayoría estaban derribadas por la explosión de minas y pipetas o por el abandono durante años.
Rosember Duque Salazar, presidente de la Corporación Amigos por Santa Ana y representante de la colonia residente en Medellín, reconoce que la recuperación militar es importante y, en este caso, necesaria; pero afirma que en las ciudades hay familias que quieren regresar, pero que las garantías que se están ofreciendo para el retorno son muy pocas. “A la gente le están dando apoyo por tres meses, un año, pero no es suficiente; hay que buscar una recuperación de raíz, proyectos de aplicación real que garanticen la estadía a largo plazo”, agrega.
Por otro lado, Rosalba Galeano, quien también permaneció allí a pesar de las serias dificultades de orden público, reclama por la falta de beneficios para quienes nunca partieron: “me parece muy mal hecho por parte del Gobierno porque sólo entregan ayudas a las personas que se fueron y que están retornando, pero no hay nada para los que siempre permanecimos aquí, los que nunca abandonamos el pueblito, que también estamos en las mismas condiciones y tenemos las mismas necesidades. Aquí estamos personas que hemos seguido luchando y falta que nos apoyen, porque también nuestras condiciones económicas son muy regulares”.
Foto: Fernando López
Ella argumenta que la presencia del Estado ahora no es muy diferente a la que había hace algunos años. Sin embargo, agradece la recuperación por parte del Gobierno, a la vez que pide más presencia de instituciones oficiales: “sinceramente uno siente que está resucitando con la recuperación del pueblo, pero todavía falta mucho. El Estado tiene que ayudarnos para que Santa Ana vuelva a ser lo que era antes. Primero que todo, estamos sin vías, porque llegar acá siempre es muy difícil, además que es un peligro por esa carretera; y también hay que buscar que le brinden apoyo económico a la gente, porque vivimos en extrema pobreza. Aquí la base de la economía es la caña y ya con lo que estamos vendiendo no alcanzamos siquiera a pagarles a los trabajadores”.
Solo en los últimos meses los pobladores de Santa Ana vienen comprendiendo sus derechos con una actitud propositiva para lograr la recuperación del modelo de desarrollo comunitario que era esta población en la década de los ochenta. Los que decidieron encarar esta realidad buscan alternativas para superar la pobreza extrema en una lógica de desarrollo que mucho tiene de discurso, pero poco de realidad: “Mire cómo es la vida, antes nos mataban las balas y al paso que vamos nos va a matar es el hambre”.
