La crítica situación que viven 74 establecimientos carcelarios del país por la falta de atención médica, llevó al Ministerio de Justicia a decretar la emergencia en las prisiones. La medida busca una atención prioritaria a los internos con VIH (611), cáncer (89), diabetes insulinodependientes (1.112), EPOC (188) y psiquiátricos (2.884).

A este drama se añade el hacinamiento pues según el Inpec, en Colombia hay 137 establecimientos carcelarios con capacidad para 78.181 personas que hoy albergan a 122.773 internos, es decir que el hacinamiento es del 57 %.

El nuevo ministro de Justicia, Jorge Londoño, sostuvo que la determinación se tomó para establecer medidas paliativas que “tienen que ver con las brigadas de salud, el cambio de manuales, para que podamos dotar el área de sanidad y resolver lo urgente. Pero lo que tenemos que resolver es cuál es el sistema de salud que vamos a aplicar para toda la situación carcelaria del país”, sostuvo Londoño en declaraciones a Colprensa.

El funcionario indicó que el consejo Directivo del Inpec acordó que la emergencia va hasta el mes de diciembre y que el próximo martes se realizará una reunión para definir un plan de acción a tomar durante estos meses de crisis.

“Esta declaratoria es algo que se hace necesario y que es fundamental porque muchos centros de reclusión no resisten y están en juego muchas vidas humanas”, precisó.

Ya hay problemas

Según Horacio Bustamante, presidente del sindicato del Inpec, la medida es adecuada porque hoy los internos del país no tienen un sistema de salud adecuado. Denunció que en los últimos cuatro meses han muerto tres reclusos por falta de atención, además el personal médico está renunciando por la falta de pago de sus salarios y en los dispensarios no hay medicinas para atender las dolencias.

“En muchas cárceles ya no hay medicamentos psiquiátricos y por ejemplo en La Picota ya se han venido dando enfrentamientos porque los internos están desesperados porque no tienen las medicinas que se requieren. Creemos que la emergencia carcelaria es correcta en la medida en que se establezcan acciones acertadas”, dijo.

Para el vocero sindical, fue un error del Gobierno designar a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para que se hiciera cargo del aseguramiento en salud de la población privada de la libertad.

“Cuando el Gobierno decide que Caprecom era el encargado de prestar la atención en salud empezaron las dificultades porque esa EPS ya estaba en crisis financiera. Luego se el entrega al Fondo Nacional de Salud para Atención Carcelaria donde se presentaron casos de corrupción. Ahora el Uspec tiene un presupuesto de 85.000 millones de pesos pero no hace nada. Esperamos que esta vez sí se tomen las medidas adecuadas que requiere el sistema carcelario” sostuvo Bustamante.

Por su parte Alfonso Cajiao, defensor del Pueblo encargado, dijo que la medida es positiva pero es insuficiente ante la magnitud del problema y por eso la entidad había abogado por la declaratoria de la emergencia social y carcelaria, que es un estado de excepción .

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