Escribir el nombre de Yuliana Samboní es describir un sinónimo de dolor, tristeza y sufrimiento.
Sobre todo por estos días, cuando se conmemora el primer año del crimen cometido contra la niña de siete años, quien fue secuestrada, violada y asesinada por el arquitecto Rafael Uribe Noguera, el 4 de diciembre del año pasado.
Aunque este caso es el más significativo de los últimos años, los abusos sexuales y asesinatos a menores de edad, dolorosamente, no son una novedad social en Colombia.
Por ejemplo, según Medicina Legal, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año se registraron 5.306 denuncias de abuso sexual contra niñas de entre cero y nueve años, 590 más que en el mismo lapso de 2016. Lo más escalofriante es que, en el mismo periodo este año, asesinaron a 20 niñas en el mismo rango de edad, aunque hay una mínima reducción, de cuatro casos, frente al mismo periodo de 2016.
“Como sociedad hemos fallado al tolerar la violencia en diversos ámbitos, llámese hogar o comunidad, afectando el objetivo común del bienestar y de la garantía de los derechos”, describió la sicóloga e investigadora de la Universidad del Quindío, Bibiana Magaly Mejía.
Mejía sostuvo que la sociedad cuenta con entidades en plena capacidad de brindar ayuda a las víctimas, no solo en cuestiones legales, sino en lo que se requiera para superar cualquier consecuencia que el abuso haya traído, como la Fiscalía, inspecciones de Policía, comisarías de familia o el ICBF.
“La denuncia es la mejor manera de proteger y detener el abuso”, agregó Mejía. Ante esto, la sicóloga Francia Correa, de la U. de Caldas, manifestó que las denuncias aumentan porque hay confianza en las instituciones y las víctimas han dejado “el temor de pensar en que no les creerán”. Indicó que “lo peor que se puede hacer es quedarse callado porque el abuso se volvería repetitivo y el abusador seguirá sintiendo que tiene autoridad para hacerlo”, manifestó Correa.
Cadena perpetua, el debate
El Congreso hundió este año el proyecto de ley que promovía la cadena perpetua para violadores de menores de edad.
Esta propuesta, que se ha presentado en diferentes ocasiones, ha fracasado por lo que consideran falta de “voluntad política”.
La líder de esta iniciativa fue la fallecida senadora, Gilma Jiménez, quien logró que se aprobara un referendo para establecer esta pena en el país, pero la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional. Incluso, la senadora y precandidata presidencial, Claudia López, criticó ayer que a “un año de la tragedia de Yuliana, y a pesar del dolor colectivo, no hemos logrado que la sociedad y el Estado asuman como prioridad la protección de los niños y la sanción ejemplar a sus abusadores”.
Sin embargo, los consultados explicaron que la solución no está en adoptar esta pena, sino en promover la enseñanza del respeto por los niños desde los hogares, como lo plantea el sociólogo Fernando Cantor, quien aseguró que es necesario que la formación moral o ética de las familias también involucre a otros sectores de la sociedad.
“A lo niños se les debe inculcar que deben hacerse respetar, pero la formación también debe fortalecerse hacia el futuro, para que cuando crezcan, tengan la vocación de respeto y cuidado hacia los otros niños. Todos tenemos la obligación de respetar sus derechos y no vulnerarlos”, apuntó Cantor.
Con ello está de acuerdo Viviana Benavides, abogada de la secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá y quien defiende a la familia Samboní, pues destacó que la cadena perpetua no es la solución para acabar con esto.
“Por el contrario, el reto es netamente en educación social, no es posible que sigamos entendiendo que los cuerpos de los niños y niñas son unos objetos. La solución está en la educación y comprender que este tipo de violencia es una realidad y que todos debemos hacer algo para cambiarlo”, aseguró.
Los expertos coinciden en que además de la formación en casa, enfocada en valores y respeto, las víctimas deben contar con un trato digno, el derecho a acceder a una asistencia médica y sicológica de manera integral y que el Estado les garantice una recuperación física y mental.
“Debe estar acompañada en toda instancia o etapa del proceso judicial, físico y sicológico”, indicó Mejía, mientras que Cantor destacó que desde la legislación también se debe promover la premisa de que los niños son “intocables” por la vulnerabilidad en la que están expuestos.
“Debe haber un incremento de penas contra los victimarios, pero también una atención sicológica y siquiátrica a quienes cometieron estos delitos, para evitar que reincidan”, concluyó Cantor.
Fuente: Elcolombiano.com
