La dejación de las armas —considerado uno de los asuntos más polémicos por lo que implica dejación y no entrega—, fue abordado ayer por Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, quien en una entrevista radial indicó que una vez firmado el acuerdo final el arsenal de las Farc no sería destruido.
El jefe de la delegación negociadora de la guerrilla en Cuba fue enfático al afirmar que el objetivo es no utilizar las armas ni por la guerrilla, pero tampoco por el Estado, para no desembocar en lo sucedido hace algunos años con el exterminio de la Unión Patriótica (UP).
“Dónde las vamos a tener, lejos. Acá habrá un papel importante de terceros, de otros países. Esperemos que el tiempo transcurra y pensemos qué hacer con las armas. Como hacer un museo que nos recuerde que estamos, que hemos vivido, no vuelva a suceder”, dijo el jefe negociador de Farc.
Como en otras ocasiones, Márquez indicó que el proceso de paz no es un proceso de sometimiento ni tampoco una conversación entre vencedor y vencido “pero estamos trabajando conjuntamente con el Gobierno de Colombia por alcanzar una paz esquiva durante tantas décadas”.
Discuten sobre la comisión
Mientras en la entrevista alias “Iván Márquez” explicaba que el acuerdo firmado entre Gobierno y Farc en materia de justicia aborda penas restaurativas, es decir, ni un solo día de cárcel, en el país el debate se centró en quiénes podrían conformar la Comisión Legislativa Especial para evaluar las medidas y sanciones jurídicas a aplicarse tras la firma del acuerdo final.
Además quedó planteado cómo sería abordada la justicia especial para incluirla en la actual reforma constitucional, así como la desmovilización de los guerrilleros, los denominados rasos, pues se requiere una ley que podría salir de propuestas en el Congreso.
El debate quedó abierto en el Senado, y el próximo 27 de octubre se entraría a discutir el artículo primero el cual reza en su contenido que el Presidente de la República tenga facultades para designar en la Comisión Legislativa Especial a miembros que no sean congresistas, es decir, podrían participar delegados de la guerrilla y gubernamentales.
El ponente de la reforma, senador Carlos Fernando Motoa, aclaró que los elegidos por el presidente “tendrán voz pero no voto, porque no son congresistas y al hacerlo se estaría vulnerando el principio de trámite legislativo”.
Al debate se sumaron las declaraciones del procurador Alejandro Ordóñez en las que señala que existen suficientes pruebas para entender que se ha condicionado la firma de la paz a la judicialización del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Fuente: Elcolombiano.com
