Unos recuperaron la fe en la Corte Constitucional porque hizo prevalecer la división de poderes, y otros la cuestionaron porque alargó la implementación del acuerdo con Farc. El Gobierno dio un parte de tranquilidad, el Centro Democrático celebró, los partidos de la coalición de paz manifestaron preocupación y las Farc están en asamblea permanente para analizar lo sucedido.

Esas fueron las múltiples reacciones que generó la Corte al sentenciar que los literales H y J del artículo primero del Acto Legislativo 01 de 2016, son contrarios a la Constitución Nacional, bajo el argumento de que sustituían el principio de separación de poderes (artículo 113 de la Constitución), pues limitaban la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso.

Esto significa, según Luisa García, doctora en Derecho de la Universidad de Montpellier, que las normas aprobadas vía fast track (procedimiento legislativo para acortar los tiempos de trámite de las reformas constitucionales) deberán ser votadas artículo por artículo, y no en bloque, pues excluía el principio democrático de la separación de poderes. “Antes no se admitían modificaciones a los proyectos de ley o de acto legislativo si no contaban con el aval del Gobierno y se debían sujetar al contenido del acuerdo, erigiéndole en un texto supraconstitucional inmodificable”.

Para Humberto Sierra Porto, exmagistrado de la Corte, es constitucional que en el debate se aprueben temas no propuestos por el Gobierno. “Esta disposición le da flexibilidad al legislativo para que interprete cómo debe entenderse el acuerdo y no restrinjan a lo que diga Santos”.

Según José Gregorio Hernández, expresidente de ese alto tribunal, mediante tales reglas, bajo el pretexto de agilidad y rapidez, se supeditaban las funciones legislativas y de reforma constitucional a las imposiciones de lo acordado, que en realidad se disponían por conducto del Gobierno nacional.

“La Corte Constitucional, afortunadamente y corrigiendo en parte los enormes vicios del procedimiento fast track, ha devuelto las facultades al Congreso y los fundamentales principios de la libertad y del sistema democrático”.

¿Se afecta el acuerdo?

La constitucionalista Bernardita Pérez, docente de la Universidad de Antioquia, dijo que la aprobación en bloque impedía deliberación y negaba la esencia del estado de derecho. Agregó que el efecto será que el trámite normativo tome más tiempo, aunque los actos que emita el Congreso son para dar legalidad al acuerdo, no para negarlo o cambiarlo.

“Quedó vigente el apartado que establece el nexo de causalidad entre el acuerdo y lo que se legisle. Así que si el Congreso se dispone a decir que no va a cumplirlo o que lo va a cambiar, habría un incumplimiento. Sería incoherente puesto que el Congreso refrendó lo que el pueblo no quiso hacer”, dice Pérez.

Según Raúl Eduardo Sánchez, docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, ahora la implementación será más difícil y añadió que además todas las leyes y decretos pasan por la Corte, quien tiene la potestad de declararlas inconstitucionales. “Ya dijo que era contrario a la Constitución el decreto que permitía que la Unidad Nacional de Protección nombrara como escoltas a exguerrilleros, punto que fue acordado en La Habana. Así las cosas, nada está blindado y la Corte esta tomando sus propias decisiones”.

“No amenaza la paz”: Corte

El presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, precisó que no se afectan las facultades que tiene el presidente para hacer uso de las objeciones por inconveniencia de las modificaciones que se realicen en el Congreso para la implementación del acuerdo. “Abrir espacios de deliberación democrática no puede tenerse como una amenaza o como un arresto al acuerdo de paz, por el contrario, le suma y aporta”.

Al respecto el presidente Juan Manuel Santos, durante su visita a Washington ayer, afirmó que espera que el legislativo siga apoyando el acuerdo de paz con las Farc. “El Congreso tiene una gran responsabilidad y nosotros como Gobierno también y esperamos seguir trabajando juntos”, puntualizó el mandatario.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que respeta la decisión, pero no la comparte porque se falló distinto hace cinco meses frente al acto legislativo y al artículo primero y ahora no tuvieron en cuenta ese antecedente. “Supone una dificultad en el camino de la implementación pero no es de ninguna manera el fin del mundo. El fast track está vivo y vigente”.

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, sostuvo que acata a la Corte y que este escenario pone al Congreso en la responsabilidad de ser fiel al acuerdo, “manteniendo el nivel de debate y la profundidad, con un procedimiento más lento”.

¿Hay ambiente político?

Uno de los argumentos del Gobierno para impulsar el fast track era que evitaría que el trámite de la implementación se cruzara con las campañas políticas para no desviar el debate. Ahora parece que esa coincidencia será inevitable.

Según Olmer Muñoz, docente de Ciencia Política de la Universidad Bolivariana, votar uno a uno cada artículo sugiere una oportunidad para que sean retroalimentadas las posiciones de la oposición en cuanto a lo acordado. “La vía rápida no queda hundida en su totalidad porque continúa la reducción de los debates para proyectos de ley (dos en lugar de cuatro) y proyectos de actos legislativo (cuatro en lugar de ocho), pero sí pone en serios aprietos al Gobierno, que intentaba una implementación inmediata”.

Jorge Iván Cuervo, investigador del Externado, dijo que si bien el Centro Democrático está cobrando este fallo de la Corte como un éxito, pues la demanda la presentó el senador Iván Duque, en ese partido se están quedando sin el argumento de que era un acuerdo impuesto por un Gobierno autoritario que había acabado la división de poderes.

“Ya al ministro Cristo le estaba tocando negociar algunos aspectos con los congresistas que respaldan el acuerdo. El Gobierno tendrá que seguir confiando en las mayorías que tiene en el Congreso y seleccionar algunos temas centrales por fast track y otros por vía ordinaria. Esto implica que Cristo no debería salir del Ministerio del Interior”.

Miguel Barreto, director del Observatorio de Construcción Paz de la U. Jorge Tadeo, dice que se trata de un triunfo de la derecha, que ha querido destruir el acuerdo, y refleja los movimientos para las elecciones presidenciales. “Es la primera crisis de este tipo en la implementación, pero no debe suscitar pesimismo, en la medida en que hay voluntad de paz de las Farc y no irán a la guerra por esto sino que se buscarán salidas. Hay mayorías a favor en Congreso”.

La reacción de las Farc

Las Farc expresaron, a través de un comunicado, que la decisión de la Corte ha puesto el Acuerdo de Paz en la situación más difícil desde su inicio, y justo a doce días del D+180, plazo para la dejación de las armas.

Sin embargo, señalaron su “decisión indeclinable de seguir cumpliendo lo acordado tal y como lo hemos venido haciendo hasta el momento”.

Insistieron en la necesidad de un diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales a fin de lograr el gran acuerdo político nacional.

Añadieron que temen que se consolide mayoría adversa a la implementación en la Corte y se desmonte el andamiaje normativo que desarrolla el acuerdo. Se declararon en asamblea.

Germán Valencia, docente del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, dijo que las Farc y el Gobierno deben preocuparse porque la implementación tardará más. “La asamblea permanente es la opción que hoy tienen, antes era el paro armado. Esto no afecta el proceso de paz con el Eln, grupo que ahora pensará en cuál será el mejor mecanismo para aprobar lo que acuerden”.

Según Cuervo, las Farc van a pedir más plazo para la dejación total de las armas, ante la incertidumbre suscitada por el fallo, y esto le dará más artillería a la oposición.

Para Muñoz, la posición de las Farc no supone rompimiento de lo acordado con el Gobierno. Esto es un punto de análisis con implicaciones políticas y jurídicas para el país que está en una transición de un escenario de conflicto a uno posbélico.

La incógnita que queda es si no quedará corto el año disponible para usar el fast track.

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