La iniciativa, que se radicará en marzo de 2020, derogaría las resoluciones que le dieron vida a este cuerpo de la Policía y obliga a las entidades de orden territorial reglamentar la garantía del desarrollo de la protesta pacífica.

Luego de que la oposición denunciara a altos mandos de la Policía Nacional por intento de homicidio a Dilan Cruz, así como de otros delitos; le pidiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigar este caso y los excesos de la Fuerza Pública durante el paro nacional; y adelantara dos debates de control al actuar de las autoridades en las recientes manifestaciones, ya hay un borrador de proyecto de ley que pretende disolver el Escuadrón Móvil Antidisturbios, más conocido como el Esmad.

Precisamente, este lunes el senador Antonio Sanguino, autor del proyecto, adelantó una audiencia pública para compartir las razones de por qué se debe de desmontar este cuerpo especial de la Policía y recoger sugerencias para nutrir el proyecto que será radicado en marzo de 2020.

Para contexto: ¿Desmontar o no el Esmad?

La iniciativa, por el momento, está compuesta por seis artículos que dictan la eliminación y desmonte del Esmad; la derogación de las resoluciones que crearon a este grupo especializado y toda aquella normativa que le diera vida a su funcionamiento; obligan a las autoridades regionales y municipales a garantizar la protesta pacífica y a crear mecanismos mediadores entre la ciudadanía y Fuerza Pública; y clarifica que el uso de la fuerza de la Policía solo tiene cabida en hechos graves de alteración de orden público o en situaciones de conmoción interior.

Para el senador de la Alianza Verde, el actuar del cuerpo móvil ha incumplido su misión en cuanto a que, considera, “las acciones del Esmad a lo largo de las últimas semanas muestran que sus intervenciones no son proporcionales ni preventivas, sino ejecutadas con el fin de provocar a civiles y propiciar caos. Son acciones que no garantizan la protección de los derechos humanos, sino su vulneración mediante el daño físico, moral y emocional de manifestantes y no manifestantes. Sus procedimientos no contribuyen a restaurar el llamado ‘orden público’, sino a degradarlo y enrarecerlo. En suma, ha actuado fuera de la ley, viola los derechos fundamentales y se constituye en un perpetrador que profundiza el conflicto social”, se explica en la justificación del proyecto.

Y junto a su análisis, le suma hechos con los que ratifica, a su juicio, los argumentos suficientes para la eliminación de este comando. El parlamentario recoge un informe de noviembre de 2018 de la Fundación Paz y Reconciliación que denunció 18 casos de víctimas fatales en Bogotá en los pasados años, incluido el joven de 15 años, Nicolás Neira, por el uso desmedido de la fuerza por parte del Esmad.

Además de las lamentables muertes, se suman casos por violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, hostigamiento, amenazas y lesiones producidas por este cuerpo especializado.

Y ahí no termina el grueso de los argumentos con los que se buscará convencer más adelante al Congreso sobre la necesidad, en voz de la oposición, de desmotar el Esmad. El proyecto también recopila datos de un estudio del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) durante el paro agrario de 2013. De 837 personas capturadas, el 23% eran menores de edad, así mismo, de ese total, 57% fueron judicializadas por el delito de obstrucción a las vías públicas, herramienta, según explica el documento, funcionó como mecanismo de represión.

También, se advierte que durante 2002 y 2012 hubo 512 detenciones arbitrarias, 596 heridos y 73 casos de totura. “Esto da muestra de la necesidad inminente de su reestructuración, en la que se incluyan mecanismos de verificación del uso de la fuerza, y el cumplimiento de los protocolos institucionales que garanticen realmente el goce y disfrute del derecho constitucional a la huelga”, se lee en la justificación del proyecto.

Desde ya se prevé unas discusiones fuertes sobre el tema, pues los partidos de Gobierno, como el Centro Democrático, son unos acérrimos defensores de la Fuerza Pública. Por su parte, voces de la independencia dicen que la solución no es el desmonte, sino la restructuración del Esmad.

Fuente: El Espectador

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