El presidente Juan Manuel Santos advirtió este miércoles que su propósito es construir una paz basada en unos acuerdos claros y viables con la guerrilla, que le permita a las víctimas recibir la verdad de la guerra y, por supuesto, asegurada jurídicamente para que no sea refutada por cortes nacionales o internacionales. (Lea también: Gobierno y Farc vuelven a la mesa de paz para hablar de víctimas)
Este es un mensaje claro del Jefe de Estado en el sentido de que no está dispuesto a que su principal apuesta política, acabar con más de 50 años de confrontación armada, se vea afectada por factores internos o externos que se pueden tratar diplomáticamente y que también se pueden evitar diseñando un modelo viable de justicia transicional. (Análisis: ¿Qué tanta legitimidad internacional necesita la paz?)
«No queremos firmar un acuerdo de paz para que luego sea derrotado en las cortes«, afirmó Santos durante un foro de la revista ‘Semana’, durante el cual enfatizó que «tenemos que responderles a las víctimas e incorporar en los acuerdos mecanismos de lucha contra la impunidad«.
El mandatario recordó que la justicia transicional requiere los máximos niveles de verdad para las víctimas, por lo que ellas hacen parte modular de las negociaciones y garantizar sus derechos es fundamental en este proceso.
Por eso, reiteró que en el Marco Jurídico para la Paz se estableció claramente que quienes quieren acceder a beneficios judiciales tienen que comprometerse con revelar la verdad de la guerra y, claro está, el cumplimiento de este ítem no tiene ningún tipo de discusión.
«(El Marco Jurídico para la Paz) condiciona cualquier tratamiento penal especial a la contribución al esclarecimiento, porque nadie puede pedir un tratamiento especial si no está dispuesto, por lo menos, a decir la verdad y a liberar a otros con esa verdad», puntualizó Santos.
En este sentido, se hace necesario, a juicio del Presidente, comenzar el debate sobre la conformación de la comisión de la verdad, ya que esa instancia será la que permita esclarecer la realidad de 50 años de guerra y por lo menos 220.000 muertos como causa del conflicto.
Incluso, añadió Santos, es hora de aceptar la realidad histórica de fenómenos violentos que para algunos no existieron. «Hay sectores de nuestra sociedad que aún hoy niegan que el fenómeno paramilitar existió, y niegan la atrocidades que cometieron. Eso no se puede seguir negando», precisó.
De hecho, el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, reveló en un foro de EL TIEMPO que hay un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se reconoce el sistema de protección de los derechos humanos no puede ser un obstáculo para consolidar el posconflicto. (Vea también: De la Calle ve fórmula para blindar la justicia transicional)
Por su parte, el premio nobel de paz y exsecretario de Naciones Unidas, Koffi Annan, respaldó esta tesis, pero advirtió que la verdad para las víctimas debe ser prioritaria en toda la articulación de la paz. «La justicia no debe ser un impedimento para la paz; es, por el contrario, un socio fundamental para lograrla», enfatizó Annan.
Este mismo miércoles el Gobierno volvió a respaldar la propuesta de justicia transicional ampliada que presentó el expresidente liberal César Gaviria. El comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, aseguró que solo incluyendo en el proceso a los no combatientes se podrá consolidar un posconflicto duradero.
«El Gobierno se metió en esto para transformar la realidad», enfatizó Jaramillo, quien precisó que «la simpatía internacional se puede acabar si la conclusión es que no fuimos capaces de enfrentar lo que ocurrió y de responderles a las víctimas».
Fuente:Eltiempo.com
