Con la conciliación que hicieron las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, pasó a sanción del presidente Juan Manuel Santos, la ley que permitirá agilizar a las autoridades judiciales el mecanismo de extinción de dominio, con la que se hace frente a las llamadas economías del delito.

Al pronunciarse sobre el tema, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, señaló que para este año con esta nueva legislación se podrá iniciar la extinción de activos, en especial bienes, que son superiores a los 8 billones de pesos.

“El año pasado se logró la incautación de 4600 bienes, superiores a los 5.1 billones de pesos. Con estos nuevos instrumentos nos hemos propuesto que en 2017 se inicien la incautación de 8 billones de pesos, así podemos asegurar que los delincuentes de todas las pelambres no vayan a gozar de los activos que son fruto de sus actividades criminales”.

Según Martínez, con esta ley se simplifican los procedimientos para la enajenación temprana, se facilita la acción de la justicia y se crean mecanismos fomentar que terceros que tienen conocimiento de activos lícitos delaten en la Fiscalía a sus poseedores.

En esta reforma a la extinción de bienes de los delincuentes se determina que 40 % será para el Gobierno Nacional, 25 % para la Fiscalía, 25 % para la Rama Judicial y 10 % para la Policía.

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