En el primer año de su gobierno el alcalde de Guarne para el periodo 2008 – 2011, Mauricio Montoya González, anunció la construcción de 720 viviendas de interés social en el Proyecto La Brizuela. Las esperanzas de los guarneños que anhelaban tener casa propia los llevaron a conseguir un aporte inicial de 4 millones de pesos. Hoy, 4 años después, no se han iniciado las obras, no se tiene claridad sobre la viabilidad del proyecto, están a la espera de nuevos estudios de suelo y varios de los beneficiarios solicitaron la devolución de sus dineros porque no están dispuestos a esperar más.
Esneider Ibarra, beneficiario y quien lideró la conformación de la veeduría del proyecto desde el 2008 explicó: “Dos particulares fueron los gestores de la idea, se la vendieron al Alcalde Montoya y a su Secretario de Obras Públicas Carlos Roqueme, anunciaron por los medios de comunicación que esa era la gran oportunidad de tener vivienda. Empezaron una serie de reuniones, en las que se anunció que serían 720 casas, 420 para afiliados a cajas de compensación y 300 para independientes, un proyecto nunca antes visto en Guarne. El aporte mínimo era de 4 millones de pesos y sería destinado a la compra del lote”.
Desde finales de 2008 los beneficiarios del proyecto de vivienda La Brizuela comenzaron a consignar su aporte, se compró el lote, y quedaron a la espera del inicio de la construcción. Varios meses después se hicieron unas obras de urbanismo que incluyeron andenes, acueducto y alcantarillado, sin embargo, ese ha sido el único avance de construcción en 4 años.
Durante ese tiempo se conformó la Asociación de beneficiarios y de forma paralela se creó la veeduría ciudadana que haría seguimiento a la obra. También la Alcaldía contrató un gerente y una asistente para el Proyecto que serían los encargados de resolver dudas y atender a los beneficiarios.
Las razones de la Administración Municipal
La comunidad se reunía con la Administración Municipal de forma irregular. En un encuentro se hablaba de requisitos, en otro que esperaban la lista de los beneficiarios, en el siguiente se decía que esperaban que todos acabaran de consignar el aporte, “y así se fue pasando el tiempo”, explicó Alberto Restrepo, uno de los beneficiarios.
Las reuniones organizadas por la Alcaldía siguieron, en cada encuentro el Alcalde Montoya hablaba de una nueva fecha para la construcción, pero cuando esa época llegaba explicaba que faltaba algún trámite. “Una vez dijo que había que pagar unos impuestos por el lote que no estaban incluidos en el aporte que ya habíamos dado, pero nos dijo que tranquilos, que la Alcaldía se hacía cargo de eso, y todos volvíamos a creer”, agregó el beneficiario.
“Una de las excusas más frecuentes era la elegibilidad del proyecto ante Findeter (Financiera de Desarrollo Territorial), entonces cada vez pedían más cosas que porque sin eso no daban la aprobación”, contó Esnieder Ibarra, y agregó que ellos como Veeduría hablaron directamente con Juan David Portillo, funcionario de Findeter “él nos dijo que partía de la buena fe de cualquier administración municipal, que presente unos requisitos básicos. No es Findeter el que pone las condiciones, ellos no tienen tiempo de analizar todo eso, el Alcalde nos presenta algo y partimos de eso, si hace falta hacemos una visita al lugar”.
Después de varios meses, se anunció que había elegibilidad de Findeter para una parte de las viviendas, Esneider comentó:
Emilse García, otra de las beneficiarias del proyecto de vivienda, contó a Oriente Apress que durante las primeras reuniones Mauricio Montoya les dijo que los primeros que tuvieran lista toda la papelería, incluyendo la consignación de los 4 millones de pesos, recibirían su casa gratis, “por eso todos corrimos a conseguir la plata y los papeles”. Cuando la gente se empezó a inquietar por el retraso de las obras, “nos dijeron que iban a construir las viviendas con un método que las estaban haciendo en Medellín que eran vaciadas y así se harían hasta tres casas en un día”.
Las denuncias de la Veeduría
En el Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT de Guarne estaba determinado que la construcción de vivienda se limitaría al lado derecho de la Autopista Medellín – Bogotá en sentido Guarne – Medellín. El lote adquirido está al lado izquierdo de la vía.
Esneider Ibarra, comenta que la elección del lote no se hizo de forma participativa.
Además de no respetar el PBOT, una solución de vivienda para 720 familias implicaría tener en cuenta otros aspectos “van a ser más de mil 500 personas viviendo al otro lado de una Autopista y el INCO (Instituto Nacional de Concesiones) ya explicó que en ese punto no es viable construir un puente peatonal porque cerca al lugar está el de Rica Trucha y la norma regula la construcción de puentes peatonales con cierto espacio. Entonces ¿qué va a pasar con los niños que salgan a estudiar solos para cruzar?”, dijo Alonso Velásquez, presidente de la Veeduría Ciudadana del municipio de Guarne
Carlos Adrián Ospina, concejal actual de guarne, agregó “Ese lote era rural, y los concejales del periodo anterior en una sesión lo pasaron de rural a urbano. Un funcionario del Ministerio de Vivienda vino y les explicó que esa forma no era la adecuada. Al hacer eso no se conoció el valor real del lote porque hubo muchos intermediarios (…) se calcula que en ese paso se triplicó el valor, es decir que los beneficiarios de La Brizuela fueron quienes terminaron pagando el paso de rural a urbano, entonces ¿quién o quiénes fueron los beneficiados con eso?”.
Según Carlos Ospina, actualmente cursa un proceso en contra del acuerdo de ampliación del perímetro urbano porque éste atenta contra la Ley 388 que regula la modificación de los PBOT.
Además de esto, el área total del lote aún es incierta para la mayoría de los beneficiarios. “Mauricio Montoya en su momento dijo que él no tenía plata para demarcar la zona, al tiempo que puso unas telas verdes pero ¿quién nos asegura que ese es el espacio que se compró?”, manifestó el presidente de la Veeduría Ciudadana del municipio de Guarne.
Por otro lado, la cuenta en la que se hizo el recaudo de los aportes pertenecía a la Junta de Acción Comunal del barrio María Auxiliadora, entidad que no tenía relación con el Proyecto. En múltiples derechos de petición la Veeduría pidió conocer los estratos bancarios y las razones por las cuales el recaudo se hacía en dicha cuenta, y no recibieron respuesta. “Tuvimos que hacer acciones de tutela y conseguimos, empezando este año, un informe de la cuenta y quedaban como 7 millones de pesos para responder a más de 60 familias que están pidiendo la devolución de su dinero”, expresó Esneider.
No se conoce la cifra exacta del recaudo por los aportes, pero además de la compra del lote, que se especula supera los dos mil millones de pesos tras el cambio de rural a urbano, Esneider cuenta que se pagaron salarios al gerente y la asistente del proyecto “a “Pocho” le pagaban unos dos millones de pesos mensuales por más de un año y a Astrid un millón mensual por dos años, se los pagaban y prácticamente para nada, porque no había Proyecto de vivienda, ese salario salía del bolsillo de nosotros”.
Cuando los problemas e inconformidades se comenzaron a hacer más evidentes, el Alcalde Montoya anunció que se iban a carnetizar los beneficiarios “en ese momento había gente que apenas estaba empezando a llegar, ¿cómo iba a carnetizarlos si era un proyecto para la gente? Se le estaba saliendo eso de las manos”, manifestó Alonso Velásquez. Los usuarios debían llevar la foto y plastificar el documento, la mayoría hizo el trámite, pero a los pocos meses comenzó la desconfianza y cada vez menos personas asistían a las reuniones.
Uno de los puntos de quiebre en la historia de La Brizuela, fue durante la época invernal de 2010, “el lote empezó a ceder y la gente se empezó a retirar. A unos se les hizo devolución de los dineros hasta un punto que dijeron que ya no se le iba a devolver dinero a nadie más porque no había plata. Cuando dijeron eso empezó el malestar de todo el mundo”, explicó Esneider Ibarra.
Por esa época cesó el trabajo de seguimiento que venía haciendo la Veeduría porque sus integrantes manifestaron estar recibiendo amenazas, “decían que quien hablara del proyecto de vivienda para mal, lo silenciaban, así que decidí retirarme”, concluyó Ibarra.
El 2011 y el periodo de gobierno se acabaron, y en enero de 2012 se posesionó Luis Eduardo Ochoa como nuevo mandatario de Guarne.
Lo que viene para La Brizuela
Al iniciar su gobierno, el actual alcalde de Guarne, Luis Eduardo Ochoa, recibió las peticiones de muchos de los beneficiarios del Proyecto para que lo pusiera en marcha.
Uno de los primeros anuncios de Ochoa fue que La Brizuela pasaría de 720 a 300 viviendas porque se iban a iniciar otros proyectos. Sin embargo, gracias a la gestión de algunos concejales, se logró que en el Plan de Desarrollo “Avanzando con paso firme” quedaran incluidas 500 casas, lo que sigue dejando 220 familias a la deriva.
En la planeación del presupuesto municipal están incluidos 2 mil millones de pesos para La Brizuela en el 2014, sin embargo, las 500 viviendas aprobadas todavía están a la espera de que se hagan nuevos estudios de suelo del lote, porque aunque en la presentación inicial del proyecto hay unos, estos están incompletos, explicó Yovany Augusto Zapata Zabala, actual secretario de obras públicas de Guarne.
Se espera que la Universidad Nacional sea la encargada de hacer los nuevos estudios, en el marco de un convenio que incluye otros aspectos. Sin embargo, una vez más se comienzan a ver los retrasos porque los beneficiarios llevan 3 meses esperando el inicio de estos análisis de los que depende la construcción de las viviendas.
Zapata comentó en entrevista con Oriente Apress el 23 de julio de 2012 que el convenio específico con la Universidad Nacional para iniciar con los estudios de suelo se firmaría en dos semanas, sin embargo, el 28 de agosto volvimos a hablar con él y comentó que aún no se ha hecho porque en el convenio surgieron unas modificaciones por el bien del Proyecto.
“En promedio eso tardará unos 4 meses, porque hay que hacer perforaciones, ensayos de laboratorio, reunión del grupo interdisciplinario y finalmente la entrega de documento”, explicó Zapata. Después de estos estudios, y confiando en que el resultado sea que se podrá construir “se entra a analizar técnica y financieramente el proyecto, a mirar si es viable económicamente porque se pueden elevar los costos que se tiene planeados. Hay que evaluar costos y estimar un flujo de caja”, agregó
La disminución en el número de viviendas implica, lógicamente, la depuración de los beneficiarios. Diana Marcela Martínez Toro, trabajadora social de la Alcaldía de Guarne y encargada del proyecto La Brizuela explicó: “Hay 716 familias inscritas, de esas hay varias que ya no están interesadas y otras no cumplen los requisitos a cabalidad. Hasta el momento hay 77 personas solicitando retiro y devolución de dinero. Con la depuración exhaustiva no he logrado llegar a 500 familias, hay que seguir buscando quiénes no cumplen los requisitos”.
El sábado 28 de julio se reunieron nuevamente y después de mucho tiempo los beneficiarios del proyecto. En la jornada quedó claro que la posición del Alcalde Ochoa es que no hará nada sin los resultados de los estudios de suelo, y se conformó una nueva asociación para hacer seguimiento y estar al tanto del proyecto.
Uno de los puntos que quedó pendiente es solicitar claridad sobre los tamaños reales de las viviendas, “primero eran 52 metros cuadrados, luego 50, ahora se habla de 45, de los que hay que descontar las áreas comunes, zonas de acceso, escalas y vacios. Finalmente la propiedad como tal será de unos 32 metros cuadrados, son viviendas que a la luz de la norma no son dignas”, manifestó Carlos Adrián Ospina.
Finalmente hay inquietud por las familias que están esperando la devolución de sus dineros. “La JAC de María Auxiliadora dice que no quedan fondos porque todo está invertido en el lote, así que no tienen cómo devolver los aportes”, dijo la trabajadora social de la Alcaldía, Diana Marcela Martínez. Por su parte, Alonso Velásquez, manifestó “la Administración Municipal tiene que devolver la plata o someterse a unas demandas”. Carlos Ospina agregó “eso era un programa bandera de una Administración Municipal llamada Guarne, independientemente del gobernante de turno, es por eso que el Municipio debe responder por la devolución de los dineros, está bien que la JAC María Auxiliadora fue la que recaudó, pero el proyecto lo vendió el Municipio”.
Aún con las pocas claridades, más de 500 familias siguen esperando la respuesta de unos estudios de suelo, confiando en que esta vez no pasará otro período de gobierno completo sin actuar y conservando una consignación de 4 millones de pesos a modo de soporte, como explica Alberto Restrepo, “por si nos retiramos y tenemos que pedir la plata porque esto está muy demorado y muchos no hemos acabado de pagar esa cuota inicial”.
El 29 de mayo de 2012 la Procuraduría profirió pliego de cargos contra el exmandatario Mauricio Montoya porque presuntamente permitió el recaudo de dineros de aspirantes a beneficiarios de este proyecto de vivienda de interés social, sin expedir el permiso necesario y sin cumplir los requisitos legales establecidos para ello. De este proceso aun no se tiene ningún fallo.
