El litigio por más de 594 billones de pesos contra la nación se derivó de un predio que abarca 11 municipios.
Por NELSON MATTA COLORADO
La demanda más grande en contra del Estado se saldó a favor de la nación en un fallo de última instancia del Consejo de Estado, finalizando así un pleito que inició en los años 60 y amenazaba con quebrar las arcas del país.
«Es la victoria jurídica más importante en la historia del Estado», declaró aliviado el ministro del Interior, Fernando Carrillo . Agregó que la suma solicitada en el litigio superaba el Producto Interno Bruto (117 billones de pesos).
Los demandantes pretendían que les pagaran 594 billones 237.486 millones 233.750 pesos, alegando que el Incora (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria) les había obstruido el dominio del predio «Tierras del Oriente Antioqueño», un territorio de 1.926 kilómetros cuadrados con jurisdicción en 11 municipios: El Carmen del Viboral, El Peñol, Sonsón, Granada, Guatapé, San Carlos, Cocorná, San Rafael, Puerto Berrío, San Francisco y Puerto Nare.
En la demanda también se incluía el subsuelo de los yacimientos carboníferos de la localidad de Venecia.
Según el expediente (con radicado 0230800 de 2003), esta historia comenzó con el terrateniente Mirocletes Durango , quien habría comprado ese terreno entre 1920 y 1922.
Al morir (1931), sus familiares iniciaron un complejo proceso de sucesión que se tardó más de 70 años. En ese tiempo las tierras fueron pobladas por campesinos y se construyó allí infraestructura con dineros privados y públicos.
En 1962, los reclamantes presentaron documentos al Incora, tratando de demostrar que eran los dueños del predio, pero el Instituto realizó estudios y concluyó lo contrario. En 2003, la tercera generación de los Durango instauró una demanda por el billonario monto contra el organismo, por concepto de reparación directa.
El Tribunal Administrativo de Antioquia falló a favor de la nación en 2009 y el caso pasó al Consejo de Estado, que ratificó ayer la decisión. El ente judicial negó las pretensión del demandante, argumentando: «Los demandantes perdieron la posesión sobre los terrenos antes que se iniciara el trámite de extinción del dominio. Mal haría esta Corporación en ordenar que el Estado repare un daño que se produjo debido a circunstancias ajenas al procedimiento del Incora».
Adriana Guillén , directora de la Agencia de Defensa Jurídica, dijo que quedan unas 250.000 demandas pendientes por unos 200 billones de pesos.
EL PROCESO
PODRÍAN ACUDIR A UNA TUTELA
El ministro Fernando Carrillo afirmó que la nación «era víctima del matoneo de carteles de litigantes que veían en el Estado un botín fácil de apropiarse».
Pese a lo dicho, a los demandantes en el caso del predio «Tierras del Oriente Antioqueño» les queda una opción jurídica: instaurar una tutela, si es que consideran que se les ha violado el debido proceso. Si ganan, se anularía el fallo.
Fuente: www.elcolombiano.com
