Un año después de que el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobara la suspensión de fumigaciones con glifosato por vía aérea, echó marcha atrás esta decisión e, inesperadamente, avaló su uso para erradicar cultivos ilícitos de manera terrestre.
La decisión, según reveló Colprensa, se tomó en absoluto silencio, ya que la sesión del Consejo Nacional se convocó con discreción, sin esperar que el nuevo ministro de Justicia, Jorge Londoño, se posesionara en el cargo. Además, a la reunión no asistieron los ministros, sino los viceministros de Ambiente, Salud y la viceprocuradora Martha Castañeda.
El primero en rechazar la decisión fue el propio Londoño, quien dijo que no está de acuerdo con el uso del glifosato. En declaraciones a RCN Radio manifestó que “este tipo de sustancias químicas le hacen daño al ser humano. Para mí la vida del ser humano es mucho más importante, por lo que se deben analizar mecanismos alternativos que no atenten contra la salud”.
No obstante, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, en declaraciones a Colprensa, apoyó la medida y señaló que la aspersión terrestre con glifosato es un proceso más lento, pero seguro. Indicó que se viene utilizando desde hace mucho tiempo en el sector agropecuario y que se aplicarán las medidas de protección para quienes realicen el procedimiento.
Las críticas
Luis Jorge Hernández, director del programa de Salud Pública de la Universidad de Los Andes, explicó que la determinación es un error y es una “patinada” del Gobierno porque tanto la aspersión aérea como la terrestre son riesgosas. “El Gobierno tambaleó con esta decisión, ya que hace un año había tomado una buena acción al evitar al glifosato. Es un retroceso. Me explico: es mucho peor esparcir el glifosato a nivel del suelo porque hay más exposición, ahí están las personas. El Consejo Nacional de Estupefacientes advirtió que se haría un protocolo de seguridad ocupacional, ¡eso no sirve!, por más protocolos que se hagan. En las zonas donde hay cultivos prima mucho la informalidad”, dijo el experto.
Indicó que ahora el Gobierno vuelve al glifosato porque “al parecer es más barato fumigar que generar medidas integrales de sustitución de cultivos, es más fácil echarle veneno a la tierra que llevar programas sociales a estas zonas. Hoy en día no hay medidas integrales en las regiones donde hay cultivos”.
José Eliécer Marín, presidente de la Corporación para la Defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el área de manejo especial de La Macarena, dijo frente a la decisión del Consejo que sigue siendo nocivo, aunque “puede ser más efectivo echárselo a la mata, pero igual es mucho más dañino que arrancarla”.
Agregó que en caso de que el acuerdo de paz se firme pueden comenzar a soñar con tener la posibilidad de proyectos productivos, “pero entonces si nuestra tierra la llenamos de glifosato ¿qué podemos esperar? Hoy tenemos en la región sectores que han sido fumigados por la avioneta 35 veces y la coca sigue ahí pero la tierra está envenenada, ¿en dónde vamos a sembrar cuando llegue la paz?”
Posiciones encontradas
El senador del Partido Liberal Juan Manuel Galán, indicó que el Gobierno insiste en darle prioridad al enfoque de guerra contra las drogas a través de la fumigación”. Recordó que en este momento el país tiene un discurso de cambio de paradigma y busca concentrarse en una política de derechos humanos y de salud pública, “y por eso no puede persistir con formulas que son de guerra contra las drogas. Al único que beneficia esta decisión es a la multinacional que vende glifosato”.
Entretanto, el senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, dijo que con esta decisión el Gobierno está reconociendo el error de suspender las fumigaciones de hace un año. “La multiplicación de los cultivos de coca fueron absolutamente evidentes, se han duplicado en los últimos años y esa situación era insostenible, por eso les tocó recoger sus palabras y volver a acudir al glifosato”.
