La participación de la mujer en la implementación de los acuerdos pactados entre el Gobierno y las Farc, es un asunto que hoy, siete meses después de la firma final, sigue en puntos suspensivos.
Si bien el acuerdo de género fue celebrado por las organizaciones que trabajan por los derechos de la mujer y por los derechos de las personas con sexualidad diversa, algunas de estas Ong han denunciado que la participación del género femenino no es suficiente, y la representación en los altos cargos de las instancias creadas para la implementación del Acuerdo Final no supera el 13 %.
Pese a todas las dificultades que se presentan para que el enfoque de género se consolide, hay una experiencia que puede calificarse como positiva: la participación de mujeres en el Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación logró que, durante el cese el fuego bilateral, se redujeran significativamente los abusos sexuales a causa del conflicto armado; esto a diferencia de treguas realizadas en otros procesos de paz en el mundo.
De acuerdo con los informes del Mecanismo, hasta este momento se han presentado dos violaciones graves a los protocolos del cese el fuego que incluyen violencia de género, y en palabras de Jean Arnault, jefe de la Misión de la ONU en Colombia, en ninguna de ellas hubo sistematicidad ni direccionamiento de los altos mandos.
El primero caso ocurrió en Catatumbo, Norte de Santander, cuando un soldado abusó sexualmente de una menor de edad; y el otro en Vigía del Fuerte, Antioquia, donde un guerrillero intentó violar a dos niñas, hijas de una guerrillera.
“Estos fueron comportamientos individuales, de personas que por sus situaciones personales desacataron las normas”, señaló la teniente Juanita Millar, miembro del Mecanismo por parte de la Fuerza Pública.
¿Enfoque de género?
Entre las reglas que rigen el cese el fuego y de las hostilidades, exactamente en el punto 7, las partes se comprometieron a no “ejecutar actos de violencia o cualquier amenaza que ponga en riesgo la vida y la integridad personal contra la población civil, especialmente aquellos por razón de género”.
Este punto, de acuerdo con la Misión de la ONU en Colombia, es uno de los aspectos más novedosos del acuerdo de paz colombiano, y del que deberían aprender los demás países en conflicto.
“Haber puesto la violencia basada en género como una prohibición expresa en el Acuerdo ayudó muchísimo a que no se presentaran tantos abusos sexuales”, señaló la teniente Millar.
Ella fue integrante de la subcomisión de Género de La Habana, y recuerda cuando ONU Mujeres les mostró experiencias del planeta en el que los abusos sexuales aumentaban en las etapas del cese al fuego (ver recuadros). Eso ocurre, explican académicos, porque cuando las tropas están concentradas, sin la amenaza de los combates, aumenta la pulsión sexual, y como están acostumbrados al uso de la fuerza, la utilizan.
Así que las mujeres del Mecanismo se apropiaron del enfoque de género para impedir que esas experiencias se repitieran en Colombia. Kristine McQuade, por la ONU; la teniente Juanita Millar, por la Fuerza Pública; y Olga Marín, por las Farc, crearon un plan de formación para todos los miembros del mecanismo, que a la vez se replicaría en el resto de la Fuerza Pública y de la guerrilla.
En total son 120 mujeres conformando el Mecanismo (ver Informe), lo que lo hace la instancia internacional de observación en misiones de paz con más participación femenina del mundo.
Al principio fue difícil, reconoció Marín, “una mujer, además guerrillera, explicándole a un general, a un almirante o a un militar de la ONU la importancia del enfoque de género, del respeto a la mujer; no es una tarea que de primera sea bien vista”.
Pero con el tiempo las relaciones se fueron fortaleciendo, el entendimiento se fue dando y cada uno, desde su orilla, empezó a comprender que el enfoque de género podía hacer mucho más exitosa la implementación del acuerdo de paz.
Pese al esfuerzo que han hecho desde el mecanismo de monitoreo por equilibrar la participación de las mujeres en la coordinación de esa instancia, conformada por tres personas, no haya ninguna mujer.
La teniente Millar explicó que, en principio, pensaron en cumplir una meta de 20 % de mujeres en el mecanismo y, por lo menos, una mujer en la coordinación, pero las condiciones no estuvieron dadas para ello.
Quienes conformaban esa instancia tenían que ocupar las más altas insignias de su lado de la mesa; es decir, para la Fuerza Pública debía ser un general o almirante y en Colombia solo hay tres mujeres ostentando esos rangos, para la guerrilla debía ser miembro del Secretariado, y allí no hay mujeres, y la ONU tampoco contaba con ninguna oficial de insignia en la Misión en Colombia.
Para la instancia nacional del mecanismo empieza a equilibrarse un poco la participación de las mujeres y hacia las zonas veredales aumenta mucho más: en cada zona hay mujeres miembros del Mecanismo.
“Es un hecho que estamos en una cultura que todavía no ha entendido el asunto de género, que no es más que los hombres y mujeres tengamos las mismas condiciones para poder hacer nuestro trabajo”, señaló Millar.
El Acuerdo lo expresa así: “es el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de derechos que, independientemente de su estado civil, relación familiar o comunitaria, tienen acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres… Implica en particular la necesidad de garantizar medidas afirmativas para promover esa igualdad, la participación activa de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de la paz y el reconocimiento de la victimización de la mujer por causa del conflicto”.
Una lenta implementación
La perspectiva de género no fue pensada solo para el monitoreo, sino para la implementación de todo el Acuerdo. Sin embargo, su aplicación ha sido tan lenta que varias organizaciones de mujeres, agrupadas en Gpaz, lo reclamaron.
Por ejemplo, Carolina Vergel, investigadora de la Universidad Externado de Colombia, manifestó que las partes se habían comprometido en tener un porcentaje equilibrado en todas las instancias, pero de las 41 personas nombradas hasta el momento 35 son hombres y solo seis son mujeres, lo que equivale al 14,6 % (ver gráfico).
En ese mismo sentido se expresó Beatriz Quintero, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres, quien justificó que las mujeres necesitan un enfoque diferencial en la implementación del Acuerdo en que son el 50 % de las víctimas del conflicto armado.
“Hemos luchado porque en el Acuerdo de Paz sean incluidos los principios de igualdad y no discriminación y, aunque hemos estado en todos los procesos de preparación y negociación, en los grandes actos públicos desaparecemos”, denunció Quintero.
Por su parte, Ana Bautista, investigadora de Dejusticia, señaló que en el acuerdo quedó establecido que se crearía una instancia especial, conformada por seis representantes de organizaciones de mujeres y una de la comunidad LGBTI, que tiene como función verificar que el enfoque de género sí esté incluido en la implementación, pero que hasta el momento no ha entrado en operación.
Además, las expertas han notado que en varias de las leyes y decretos aprobados por el Congreso o por el presidente Juan Manuel Santos, según el caso, no se ha incorporado el enfoque de género.
Es el caso de la ley por la que se implementó el Plan Integral de Sustitución de Cultivos. Para Bautista, es fundamental un enfoque diferencial para las mujeres porque las campesinas cocaleras, además de compartir todas las vulnerabilidades de la Colombia rural, son más excluidas aún porque cargan con el estigma de ser “narcotraficantes”.
Es así como las organizaciones de mujeres hacen tres solicitudes: primero, que empiece la instancia especial de verificación del enfoque de género, que se equilibre la participación de las mujeres en todas las instancias que implementarán el acuerdo y que se incluya la perspectiva de género en todas las leyes y decretos que faltan por aprobar .
