En una de las seis mesas de la morgue del laboratorio de identificación humana del CTI de la Fiscalía, yacen, junto a algunas prendas de vestir, una de ellas camuflada, cientos de fragmentos de huesos de un cuerpo que fue exhumado en un sector conocido como Playa Napé, en zona rural del municipio de Sabanalarga, Occidente de Antioquia. Después de lavar uno a uno los huesos, el personal que trabaja en esa sede del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, procede a organizar los pequeños trozos de osamenta por tamaños y poco a poco se comienza a armar un rompecabezas que hace parte de un largo proceso que inicia con la recuperación de los restos en campo, pasa por la identificación en un laboratorio y termina con la entrega a los familiares.
Sandy Liliana Monguí Torres, coordinadora del laboratorio, explica que en ese sitio solo se reciben restos óseos, y una vez llegan, se verifica toda la documentación mínima que debe tener cada cuerpo, “ahí deberá estar el acta de inspección, la ficha antropológica, el oficio donde la autoridad nos está solicitando qué tipo de estudios requiere el cadáver. Algunos vienen con una probable identidad, y en esos casos también vienen con muestras de familiares”.
Una vez recibido todo esto, en el laboratorio se abre una orden de trabajo, cada cadáver tendrá un equipo interdisciplinario conformado por médicos, odontólogos y antropólogos. “Ellos se encargan de limpiar los huesos y de las prendas o accesorios que traiga, se hace un proceso de secado, después se rotulan, se marca cada uno de los huesos e inicia el análisis. En esta etapa, el equipo determina la edad, sexo, estatura, patrón racial, características individualizantes y el mecanismo, la manera y causa de la muerte”.
Esa, según Sandy, es la primera fase en el laboratorio, agrega que “después un biólogo toma muestras, se envían a un laboratorio de genética para cruzar con la información de las muestras de los familiares y si este no es el caso, igual las muestras quedan montadas a un sistema”.
Mayor dificultad
Justo al lado de la mesa donde están los restos del cadáver exhumado en Sabanalarga, aparecen expuestos otros, esta vez más diminutos y en mayor número, no se logra reconocer ni un cráneo, un fémur, la cadera o alguna costilla. Solo se sabe que la osamenta fue recuperada en una fosa común ubicada el corregimiento de San Vicente del Congo, del municipio de Turbo, Urabá antioqueño. Acá la gran diferencia con los otros huesos es que hay un posible nombre de la víctima: José Patrocinio Herrera Aguirre.
Estos dos casos evidencian el trabajo de filigrana que realizan estos profesionales y que tiene un solo fin: darle un alivio a las miles de familias que desde hace años esperan noticias de un ser querido, cuya vida fue arrebatada y su cuerpo desaparecido en medio de la guerra.
“Acá en el laboratorio hacemos todo el esfuerzo para poder obtener la mayor información que el cuerpo nos está evidenciando, pero en este caso, cuando tenemos unos restos demasiado erosionados por el terreno donde estaban o por el tiempo que llevaban enterrados, la genética o la labor de una buena investigación, son las opciones que quedan para poder dar una identificación”, dice una de las médicas del CTI.
Luego de un año de funcionamiento, al laboratorio de identificación humana han llegado 107 restos óseos de cuerpos sin identificar, de los cuales 19 no han podido ser entregados. Las razones son dos básicamente: no se logró una identificación, porque no hubo información o muestras de familiares para cotejar, o simplemente no hay seres queridos para reclamar.
Esos 19 restos que permanecen en el laboratorio de Medellín, se suman a los casi 4.000 cuerpos que la Fiscalía exhumó e identificó, pero que no ha podido entregar a sus seres queridos porque no se cuenta con la información genética para compararlo con las personas que dicen tener seres queridos desaparecidos en el marco del conflicto armado en Colombia.
En diálogo, el fiscal general (e), Jorge Fernando Perdomo, confirmó que el ente acusador, en la última década, “se ha dado a la tarea de buscar exhaustivamente a personas desaparecidas. En esa labor hemos encontrado más de 7.500 cuerpos, de los cuales cerca de 3.500 han logrado ser identificados y debidamente entregados a sus familiares”.
Sin embargo también afirma que por la cantidad de cuerpos por entregar y las labores de búsqueda que se avecinan en el marco del Plan Cementerio, “se ha convertido en un problema de tal magnitud que ha sido necesario adquirir nuevos equipos y vincular más personal para las tareas de búsqueda. Para el 2016 se decidió intervenir las regiones con mayor número de desaparecidos y en los que existe información más sólida sobre posibles puntos de inhumación. Este estudio nos condujo a regiones como Nariño, Meta, Guaviare, Caquetá y Huila, en donde aspiramos encontrar cerca de 13.000 cuerpos”.
Vecinos sin identificar
Una pared, y dos garitas de vigilancia, dividen al laboratorio de identificación humana del CTI con el Cementerio Universal de Medellín, donde según el Fiscal, basado en una información suministrada por el Ministerio del Interior, habrían 3.017 restos humanos sin identificar, y por esa razón, el ente acusador iniciará con el municipio una intervención especial (la cual también hace parte del Plan Cementerio, que actualmente se adelanta con Medicina Legal en otras zonas del país), con la que se buscará recuperar la mayoría de restos posibles, identificarlos y entregarlos a sus familiares.
“Se planteó la intervención del cementerio Universal de Medellín y otros cementerios del departamento. En total se intervendrían los cementerios de 34 municipios en Antioquia”, dice Perdomo, quien agrega que “la propuesta se estructura atendiendo la información que suministró el Ministerio del Interior que indica que en el cementerio Universal de Medellín podrían encontrarse cerca de 3.017 cadáveres no identificados, y en los demás municipios otros 2.000 cuerpos”.
Si la cifra sobre los restos no identificados que maneja el Gobierno es verídica, eso significaría que más de la mitad (54 %) de la capacidad total del Universal estaría copada por restos de personas aún no identificadas.
“Yo creo que la cifra es algo desmedida, porque el cementerio tiene una capacidad para tener 5.600 cuerpos, y no creemos que se tenga más de la mitad sin identificar”, dice Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos de la alcaldía de Medellín, quien reconoce que tampoco hay una cifra oficial concreta sobre el número de los cuerpos cuya identidad es desconocida.
“Allí no solo llegan víctimas del conflicto armado, también muchos habitantes de calle que se deben inhumar como no identificados; hay que decir que no tener una base de datos concreta se debe a muchos factores, entre ellos el abandono al cementerio y cambio de administraciones, pero eso lo queremos cambiar”, agrega Arcila.
Para realizar esa mejora de la que habla el funcionario, la administración municipal anunció una inversión de 1.500 millones de pesos para realizar el Plan Integral de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la reconstrucción de memoria histórica y archivos del campo santo y recuperar toda su planta física.
A propósito del plan integral de búsqueda, afirma el subsecretario, “se creó un comité de trabajo interinstitucional, en el que se hará una georeferenciación de desaparecidos en Medellín, que involucra al cementerio, a la escombrera (Comuna 13) y en general con toda la ciudad. La idea es poder recuperarle la identidad a los cuerpos y darles una entrega digna a las familias”.
El pasado 10 de marzo, al Universal fueron enviados desde Medicina Legal los últimos restos de cuerpos sin identificar, allí fueron ubicados en una de las seis zonas dispuestas para el descanso de tipo de restos y donde deben permanecer hasta que su remoción o reubicación sea autorizada por la autoridad judicial competente.
“CNI – masculino, placa -0650 – Liborina”, dice una de las 10 lápidas que marcóLuis Hernando Higuita, sepulturero del cementerio.
“Ese día se recibieron los últimos, fueron ocho restos con tejidos y dos solo huesos que trajeron los de Medicina Legal y Fiscalía, los ubicamos todos en línea”, recuerda el funcionario.
“La diferencia de los CNI (cuerpo sin identificar) es que se convierten en un procedimiento rutinario, no hay un acto religioso, no hay dolientes, acá llegan con esos restos y listo, se ubican en un punto, les toman una foto, se llenan unas planillas y ya. Sin dolor de nadie”, agrega Luis, mientras observa las tumbas.
Mejoras para el futuro
Con el panorama actual, las administraciones municipales y la Fiscalía anunciaron inversiones para que la ubicación, identificación y entrega de restos de personas desaparecidas pueda avanzar sin contratiempos y se cumpla con la exigencia que hay desde la mesa de diálogos en Cuba sobre este aspecto (ver ayuda).
Además de los trabajos anunciados para el cementerio Universal, la Fiscalía tiene previsto, con la ayuda de la embajada de Estados Unidos, la construcción del laboratorio de genética en la misma sede donde funciona el laboratorio de identificación del CTI en Medellín.
Explica Sandy Liliana Monguí, que “este proyecto, que esperamos tener listo para finales de este año, nos facilitaría todo el proceso de identificación, significaría que los procedimientos que hay que hacer, se hagan todos en la misma sede, y si eso ocurre, podríamos dar unos resultados más eficaces a las autoridades que lo requieren y por ende a las familias de los desaparecidos”.
Elcolombiano.com
