El aumento de los cultivos de uso ilícito y la producción de coca registrados en el país en los últimos años, que según la ONU aumentó en un 52 % (al pasar de 96.000 hectáreas en 2015 a 146.000 en 2016), son las razones por las cuales el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que descertificaría a Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
El mandatario estadounidense consideró “seriamente” designar a Colombia “como un país que ha fallado con sus obligaciones internacionales de lucha contra el narcotráfico, debido al gran crecimiento de cultivos ilícitos y producción de coca en los últimos tres años”, pero decidió no hacerlo por tener al país como un importante aliado de EE. UU. y por los esfuerzos del Gobierno nacional y su Fuerza Pública para la erradicación de los cultivos de mata de coca.
No obstante, y este es el posible inconveniente para el Gobierno colombiano, es que Trump dejó como una opción viable la descertificación.
“Yo, sin embargo, dejaré este tema de la designación como una opción, esperando que Colombia muestre importantes progresos en la reducción de cultivos y producción de la cocaína”, dijo.
Horas antes de conocerse la decisión de Trump, el secretario adjunto de Estado para Seguridad y Lucha Antinarcóticos de EE. UU., William Brownfield, aseveró que el presidente Juan Manuel Santos descuidó la lucha contra el narcotráfico en los últimos seis años para lograr un acuerdo de paz con las Farc, lo que, a su juicio, “ha provocado un alarmante aumento en la producción de cocaína”.
¿Y si descertifican el país?
Si Estados Unidos no certifica a Colombia, algo que no ocurre desde que Ernesto Samper estaba en la Presidencia, no solo estaría declarando al país como un territorio en el que no se está haciendo lo suficiente para la lucha contra las drogas y el narcotráfico, sino que se podría correr el riesgo de que se suspendan las ayudas, alianzas y hasta las inversiones que esa nación tiene con el gobierno colombiano.
Armando Estrada, quien fue ministro del Interior durante la presidencia de Andrés Pastrana, explicó que de repetir lo ocurrido en esa época, significaría perder toda la ayuda estadounidense, incluidos los 400 o 500 millones de dólares del fondo Paz Colombia “y esto sin decir de la mala reputación que tendríamos a nivel mundial y los problemas que trae”.
Añade que “no es que Estados Unidos nos deje solos con el problema, ellos de todas maneras tienen que hacer todo tipo de actividades para impedir que la droga llegue a su país. Tendrían que aumentar la incautación, porque ellos son conscientes del problema. Si la situación se agravara podría haber consecuencias más graves como suspender el TLC o dejar de comercializar algunos productos con Colombia”.
Para el general (r) Leonardo Gallego, exdirector antinarcóticos de la Policía Nacional, la descertificación significaría perder innumerables esfuerzos de lucha de muchos años de la Fuerza Pública contra el narcotráfico, por eso se sorprendió con lo dicho por EE. UU.
“Las descertificaciones pueden llegar con sanciones. Me acuerdo que cuando nos descertificaron fue sin castigo porque al mismo tiempo hubo un gran reconocimiento a los esfuerzos que adelantaba la Policía Antinarcóticos. Esa lucha que hacíamos tenía un gran apoyo de la Fiscalía, de las Fuerzas Militares y de todos los organismo de inteligencia y seguridad”.
Erradicación y sustitución
Antes de terminar este año, el Gobierno se propuso eliminar 100 mil hectáreas de coca por medio de erradicación y sustitución voluntaria.
El pasado martes el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reportó el cumplimiento del 62 % de la meta fijada; “es decir, 31 mil hectáreas de las 50 mil, para erradicar en este 2017, y todo en un 66 % del tiempo. Estamos con alta probabilidad de cumplir la meta en el tiempo previsto”.
Mientras tanto, en materia de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, Rafael Pardo, alto consejero para el Posconflicto, afirmó que hay 105 mil familias que se han incorporado a proyectos productivos y que dicen cultivar 70 mil hectáreas de la hoja.
“Pero de ese proceso se pasa a un procedimiento en el cual, una por una, cada familia, en cada territorio, determina inscribirse y comprometerse a erradicar voluntariamente la coca que tiene y a no volver a reincidir”, aseveró Pardo.
En este componente se han vinculado 7.581 familias, que tienen 6.313 hectáreas de hoja de coca por erradicar y reciben un pago de dos millones de pesos cada dos meses por un año, para invertirlos en proyectos productivos.
