La agresión más usada por quienes atacan a los periodistas es la amenaza de muerte, así lo reveló un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) llamado “Estado Depredador”. Según los datos, los ataques a periodistas se incrementaron de manera progresiva durante 2017.
En ese año la Flip registró 310 casos de ataques a la prensa, el mayor número de agresiones desde 2006. Así mismo, destaca que 129 periodistas fueron amenazados, en su mayoría por particulares.
De igual forma, sostiene que se han aumentado las estigmatizaciones en contra de la prensa “pues mientras en 2016 se registraron 17 casos, en el año pasado se documentaron 29”.
La Fundación pone como ejemplo la orden de la Corte Suprema de Justicia a publicaciones Semana para que revele sus fuentes, según dice el informe “los intentos de obligar a periodistas para que revelen sus fuentes son otra forma en la que personas poderosas utilizan el sistema judicial en perjuicio de la libertad de expresión”.
En cuanto a medios digitales asegura que 2017 se caracterizó por “el alto número de periodistas que fueron estigmatizados a través de redes sociales, principalmente Twitter y Facebook. Los autores de estas agresiones fueron, en su mayoría, funcionarios públicos”.
Sin embargo, en otro capítulo el informe señala que la Corte Constitucional “no sabe lo que hace”, en materia de regulación digital pues “las decisiones que ha tomado con relación a Internet, especialmente las de 2017, muestran una Corte con miedo a Internet. Este tribunal, aunque ha mencionado pronunciamientos de expertos internacionales que hablan de la importancia de Internet para la democracia, ha adoptado una postura peligrosa. La creación de reglas desmedidas e inaplicables complica y crea incertidumbres sobre la creación de medios y la expresión de los ciudadanos”.
El papel del presidente
En el informe se dedica un capítulo especial a la gestión del presidente Juan Manuel Santos, según la ONG “los más voraces depredadores contra la libertad de prensa vienen del Estado y uno de los más nocivos ha sido su principal representante, el presidente Santos”.
De acuerdo con la publicación en los años de este gobierno se gastaron “al menos mil millones de pesos en una política pública de libertad de expresión que encomendó al Ministerio del Interior y que fue sepultada por un tuit del Ministro Rivera”.
Además sostiene que durante el mandato del actual presidente se han asesinado nueve periodistas y agrega que “en la mayoría de estos casos los homicidas silenciaron la única voz que denunciaba la corrupción que ocurría en sus municipios. Es más, según la clasificación mundial que realiza reporteros sin fronteras de los países más peligrosos para los periodistas, en 2017, Colombia ocupó el puesto 129 de 179”.
Por otro lado, el informe sostiene que la autoridad policial también ha sido un factor determinante para silenciar el papel de la prensa, según dice, “durante 2017 la FLIP registró 27 casos de agresiones contra reporteros por parte de uniformados del Ejército y la Policía”. Sin embargo, destaca que en los últimos cuatro años se disminuyeron el número de agresiones por parte de la Fuerza Pública.
