Hace una semana inició la segunda temporada invernal del año y ya en Antioquia al menos ocho municipios tienen emergencias, lo que pone en evidencia que la prevención y la gestión del riesgo no surten el efecto esperado.
Según César Hernández, quien fuera director del Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres, Dapard, durante el gobierno de Sergio Fajardo, en 2014 se crearon los SOS, consistentes en oficinas que se instalarían en 17 localidades para reunir los entes relacionados con la atención y gestión de riesgo municipales, incluidos bomberos, Defensa Civil y personal de las alcaldías en aras de planificar y tomar decisiones. Desde estas dependencias se tejería toda la estructura para encarar las amenazas del invierno.
“Entregamos 9 funcionando, pero entiendo que no han operado a la perfección”, señala Hernández. La directora operativa del Dapard, Margarita Moncada, explica que este organismo, en la actualidad, revisa los SOS para ajustarlos a las necesidades de cada zona. “Acabamos de tener una reunión en Amalfi para evaluar qué se debe hacer para mejorar los SOS, tanto en el funcionamiento como en la infraestructura”, señala.
Según su diagnóstico, los efectos del invierno ya se han sentido en los municipios de Carepa, Chigorodó, Apartadó y Turbo, en la región de Urabá, que sufrieron inundaciones con las crecientes de los ríos León y Apartadó.
En el Suroeste, el Dapard busca la solución para 20 familias que debieron desalojar una unidad residencial en alto riesgo; en la misma región, Támesis y Jericó están incomunicados por un deslizamiento que obligó al cierre de la vía que une las localidades; en el corregimiento San Pablo, de Támesis, una avalancha de la quebrada La Sonsa dañó dos acueductos veredales; y en Santa Bárbara hay varias viviendas a punto de colapsar.
“Según los reportes del Ideam y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, esta temporada será más intensa”, advierte la directora operativa Moncada. Ayer había alerta naranja en diez ríos de las regiones Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio; y en diez afluentes de Urabá.
Por posibilidad de deslizamientos, se decretó alerta roja en Santa Bárbara y Támesis; y alertas naranja en 32 municipios y amarilla en 39.
Gestión, a medias
El Dapard aclaró que la gestión del riesgo es una obligación de los municipios estipulada en la Ley 1523, que obliga a las alcaldías a destinar fondos para atender las emergencias, pero no siempre lo hacen.
“La Gobernación es subsidiaria o complementaria de esa función cuando los municipios agotaron su capacidad de respuesta, pero unos piden ayuda hasta por el colapso de una casa”, recalca Moncada, que prepara para la Procuraduría un documento que reporta cómo cada municipio trabaja el tema.
En los últimos diez años, en Antioquia se registraron cerca de 15.000 eventos invernales, entre inundaciones, deslizamientos y avalanchas. Y están identificadas 17 zonas en las que los eventos se repiten de manera cíclica.
Alejandro González, director de Corantioquia, indica que su corporación apoya la gestión del riesgo con capacitaciones a los comités municipales; monitoreando las fuentes hídricas para generar alertas tempranas; y acompañando los consejos municipales con estudios de riesgo.
“Acabamos de realizar un acompañamiento al municipio de Andes y ya iniciamos un plan similar en 15 municipios del Suroeste”, subraya. Advierte que pese a la prevención, “la vulnerabilidad sigue presente y la amenaza de una lluvia fuerte siempre está latente”.
La falta de recursos y de educación son dos aspectos que no permiten una gestión del riesgo que deje a las localidades libres de la amenaza invernal, concluyen las fuentes.
Fuente: Elcolombiano.com
