Ante la Juez 47 de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a las ocho personas señaladas como presuntos responsables del atentado al Centro Comercial Andino el pasado sábado 17 de junio y en el que un artefacto explosivo detonó en uno de los baños.
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Se trata de Boris Ernesto Rojas Quijano, Lina Vanesa Jiménez, Cesar Andrés Barrera Téllez, Lizeth Johana Rodríguez Zárate, Andrés Mauricio Bohórquez Flores, Juan Camilo Pulido Rivera, Alejandra Méndez Molano y Natalia Trujillo Novoa, quienes no aceptaron cargos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio y porte ilegal de armas por los cuales, en criterio de la Fiscalía, deben corresponder.
Se tiene previsto que en pocas horas inicie la audiencia de medida de aseguramiento. En ese sentido, la Fiscalía General de la Nación le solicitó a la juez que lleva el caso le conceda medida intramural para los detenidos, por cuyas presuntas acciones fallecieron tres mujeres.
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Así va la investigación
Luego de conocerse lo sucedido en el centro comercial, efectivos del CTI de la Fiscalía General y la Policía Nacional prendieron las alarmas en la investigación que, al parecer, ya llevaba un par de meses adelantada, los cotejos permitieron deducir varias hipótesis bajo líneas investigativas determinadas para el caso.
Luego de realizar las indagaciones, las autoridades capturaron a ocho personas quienes serían los responsables del atentado, cuatro mujeres y cuatro hombres.
El domingo en las horas de la mañana se registró una novena captura pero por presuntas irregularidades en su detención Iván Ramírez alias ‘Taliban’ quedó en libertad, pero en las últimas horas se solicitó su recaptura.
En su momento las investigaciones arrojaron que los ocho capturados son miembros del Movimiento Revolucionario del Pueblo a quien se le han atribuido actos delictivos contra entidades públicas y privadas.
El proceso judicial que completa cuatro días en el complejo judicial de Paloquemao se ha realizado a puerta cerrada por solicitud de la juez que lleva el caso, la funcionaria argumentó que tomó dicha determinación por motivos de seguridad nacional
