Las enfermedades que dejó la guerra en Colombia

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El estruendo de la guerra, aunque parcialmente silenciado desde hace más de un año cuando el Gobierno firmó el Acuerdo de Paz con las Farc, sigue dejando un eco que aturde a las comunidades que sufrieron el conflicto. Tiene que ver con que los problemas de salud son más evidentes en las regiones que sufrieron el fragor de la guerra y esperan que ahora se cumpla la promesa de llevar al Estado.

El informe “Consecuencias del conflicto armado en la salud en Colombia”, del Observatorio Nacional de Salud, entidad del Instituto Nacional de Salud (INS), destaca que los municipios más impactados por la guerra tienen peores indicadores de salud que el resto del país, conclusión que resulta luego de analizar indicadores entre 1985 y 2015.

“Tienen altas tasas de mortalidad infantil y materna, mayor concentración de enfermedades transmitidas por vectores, homicidios, suicidios y enfermedades crónicas”, resalta Carlos Andrés Castañeda, director del Observatorio, quien agrega que las consecuencias en la zonas afectadas por el conflicto se enfocaban en muertes o combates, pero lo que hoy se ve es el abandono estatal, del cual no está exenta la atención en salud.

Según la investigación, Vista Hermosa, Meta, fue el municipio con el Índice de Intensidad del Conflicto (IIC) más alto; seguido de Granada, San Luis y San Carlos, en Antioquia.

Para dejar claro que el olvido deja más víctimas que el mismo conflicto, el municipio de Vista Hermosa plantea la radiografía: entre 2008 y 2015 fallecieron 571 personas, 45 relacionadas con la guerra; 169 más pueden tener vínculo al tratarse de autolesiones o violencia, el resto obedece a enfermedades, muchas de ellas prevenibles. 51 por dolencias cardiovasculares, 81 por neoplasmas, 45 por guerra, 42 por enfermedades respiratorias, 33 por enfermedades urogenitales, 28 por diarrea y 22 por enfermedades digestivas.

¿Qué enfermedades?

Según la investigación, la mortalidad por desnutrición, infecciones respiratorias, malaria, tuberculosis, hepatitis, diabetes, enfermedades inmunoprevenibles -a través de vacunas- y leishmaniasis son las de mayor prevalencia. El común denominador: todas pueden tener tratamiento adecuado.

Además de la baja inversión del Estado, la guerra por sí misma ha puesto su parte. La epidemióloga del INS Luz Ángela Chocontá, quien también hizo parte de la investigación dice que el conflicto armado incidió en la infraestructura sanitaria, volviéndola ineficiente, reduciendo la capacidad de proveer servicios básicos como la vacunación, lo que genera menor cobertura de salud en estas zonas. Eso, finalmente, se manifiesta en brotes de enfermedades inmunoprevenibles.

La explicación, a juicio de Chocontá, es que “la reaparición de brotes o epidemias que se encontraban controladas es común en el escenario de la guerra, como sucedió con la tosferina en Sierra Leona un año después del inicio del conflicto en 1991”, asegura la experta, al destacarlo como otro fenómeno evidente por causa del conflicto, pues al no llegar la vacunación, se complica la atención “generando verdaderas crisis de salud”.

Este planteamiento lo comparte la Organización Mundial de la Salud, OMS, que en su informe “Salud: en el corazón de la acción humanitaria”, publicado en 2015, sostiene que los conflictos prolongados constituyen una gran amenaza teniendo en cuenta que “el 60 % de la mortalidad materna –en general– es prevenible y el 53 % de la de menores de cinco años, corresponde a lugares donde han ocurrido conflictos armados o desplazamientos”.

Aunque la investigación no proyecta cuántos recursos económicos debería invertir el Estado, ni cuántos hospitales o centros de salud construir, sí deja claro que el interés se concentró, fundamentalmente entre 1991 y 1996, en satisfacer “las necesidades de la guerra”, dejando a un lado el bienestar integral de las comunidades.

“En ese periodo el país invirtió alrededor de 17,69 billones de pesos para el conflicto”, resalta el informe, en el que se aclara que este dinero fue dirigido en armamento, tecnología de inteligencia militar, poder de defensa y seguridad del Estado y lucha contra el secuestro.

Además, el informe cuestiona que Colombia “ha sido ineficiente debido a que una gran proporción de recursos que podrían usarse en actividades productivas, se redireccionó hacia el ejercicio de la violencia política”.

¿Por qué?

La respuesta es sencilla y se basa en que, a mayor conflicto, mayores desigualdades. Por ejemplo, el estudio define cuatro “corredores” (Ver infografía), que cobijan los municipios y departamentos con los IIC más altos, lo que representa que allí se acentuaron y se hicieron más grandes “las brechas sociales, que se incrementaron por el conflicto. Sencillamente porque el Estado no estaba en capacidad de hacer presencia, o los servicios de salud no cumplían con las necesidades”.

Castañeda resalta que pese a que en Colombia la mayoría de indicadores han mejorado, como el de desnutrición infantil, que pasó de 13 % a 10,8 % en los últimos cinco años, según la reciente Encuesta de Nutrición del Ministerio de Salud, los resultados no se evidencian en las zonas identificadas en el informe.

Así mismo, el director del Observatorio destaca una dimensión de la que poco se han explorado consecuencias: la salud mental por el conflicto, pues sostiene que quienes están expuestos a la guerra, presentan conductas más elevadas de trastornos mentales en general y, en particular, trastornos de ansiedad. “Además refirieron mayores niveles de sentimientos de angustia, depresión o infelicidad por las situaciones que vivieron”.

Frente a esto, la sicóloga e investigadora Francia Correa expresa que la brecha de salud mental en las zonas de conflicto tiene que ver con que el Estado no estaba preparado para garantizar la atención de las víctimas, directas o indirectas.

Lo que viene

Aunque el informe revela un panorama poco alentador, se trata de una hoja de ruta que define dónde deben enfocarse los esfuerzos, para que las víctimas accedan a una atención integral y de calidad.

Sin embargo, el fin de la guerra o el posconflicto no resultan suficientes. El ministro de Posconflicto, Rafael Pardo, explicó que se trata de inversiones contempladas a mediano y largo plazo. Así las cosas, la consolidación de un buen modelo de salud en los teatros de la guerra podría tardar entre 15 y 20 años. Aunque se podría dar avances con el Plan Obras Impuestos, una invitación del Gobierno para que empresarios doten de infraestructura a cambio de generosas deducciones tributarias. Esto solo depende de la voluntad y no obedece a un programa estrictamente diseñado por el Gobierno.

La segunda alternativa, que tampoco constituye una solución de fondo, está en los Contratos del Plan Paz. El año pasado, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó este mecanismo a través del cual se invertirán alrededor de 14 billones de pesos, la mayor parte de la inversión irá a vías terciarias, pero se plantea un rubro, no definido, para salud.

Por ahora, el gobierno ha avanzado en medidas de corto plazo como desminado que evita nuevas víctimas, pero se espera que, apoyados de la inversión empresarial y el presupuesto para el posconflicto, calculado en 129,5 billones de pesos, se disponga de una partida para atención en infraestructura de salud. Finalmente, ese es el significado de llevar el Estado a las regiones donde la guerra estuvo por más de 50 años.

Para el director de la investigación, este insumo servirá para que las políticas públicas que se definan tengan un espacio enfocado en la atención.

“Este estudio contribuye al conocimiento sobre las consecuencias que ha dejado la guerra, a profundizar en la discusión sobre los desafíos en la construcción de paz, con énfasis en los territorios, así como los retos particulares del sector salud para sanar las heridas de la guerra”, resalta el director del Observatorio.

Otra tarea y, si se quiere la más importante, está en consolidar la política de atención en salud para las víctimas, que actualmente se encuentra en fase de implementación, pues en este primer año del Acuerdo el Gobierno ha priorizado la desmovilización y reintegración a la vida civil de los exguerrilleros.

Fuente: Elcolombiano.com