En una reunión celebrada en la Ciudadela de Jesús, en el municipio de La Ceja, el procurador general de la nación, Fernando Carrillo, escuchó las inquietudes de varios familiares de personas desaparecidas, quienes reclamaron al gobierno mayor eficiencia en la búsqueda de estas. Al encuentro concurrieron también representantes de organizaciones sociales de la región, alcaldes de varios municipios y procuradores regionales y provinciales.

Luego de escuchar a las víctimas, Fernando Carrillo anunció que se celebrará en Medellín una reunión con autoridades nacionales, en la que se abordará ese tema. “Estamos anunciando una audiencia pública en Medellín en dos meses para abordar ese tema con todas las instituciones nacionales, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto de Medicina Legal y con las autoridades departamentales y municipales, que tienen aquí una gran responsabilidad”, afirmó el procurador.

Una de las organizaciones que participaron en el evento, fue la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño (Amor), la cual lidera un proyecto denominado “Apoyo comunitario en la búsqueda de personas desaparecidas”. María Asceneth Muñoz, miembro de la presidencia colegiada de esta asociación, se refirió al objetivo del encuentro: “nos vimos en la necesidad de convocar a la institucionalidad nacional para mirar cómo cerramos puentes y cómo disminuimos los obstáculos para que las víctimas de desaparición puedan tener a sus seres queridos”.

Esta reunión fue organizada por la Pastoral Social de la Diócesis de Sonsón Rionegro, cuyo delegado episcopal, el sacerdote Pedro Pablo Ospina, contó las cifras de desaparecidos en la región: “la Asociación de Mujeres nos ha presentado una cifra de 1.653 desaparecidos, entonces queremos llamar la atención para que el Estado tenga a bien el Oriente antioqueño y lo mire para que inicien esos procesos de búsqueda”.

Luz Dary Gómez, representante de víctimas del municipio de San Luis, llamó la atención a los presentes acerca del poco acompañamiento del Estado a  los familiares de desaparecidos. “Supuestamente uno va a recibir ayuda psicológica y material, pero ha sido muy poca. Ni siquiera a mi mamá, que ya tiene 68 años y cáncer de colon, le han dado la pequeña indemnización que supuestamente el gobierno les está dando a las víctimas de la violencia”, aseguró.

 

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